Bruselas amonesta a España por discriminación fiscal a extranjeros que alquilan viviendas
Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea amonestó de nuevo a España este jueves por negar bonificaciones fiscales a extranjeros no residentes por la renta que obtienen por el alquiler de una vivienda en España, algo que sí hace en el caso de ciudadanos residentes, según informó la institución en un comunicado.
Bruselas abrió el expediente en 2019 y ahora manda a España una nueva «carta de emplazamiento», después de comprobar que las modificaciones planteadas por las autoridades españolas no son suficientes para acabar con el trato discriminatorio que denuncia la Comisión.
En particular, los contribuyentes residentes disfrutan de una reducción de hasta el 60 % de su base imponible correspondiente a los ingresos obtenidos por el alquiler, pero esta opción «no es accesible para (ciudadanos) no residentes», una «diferencia de trato» que para el Ejecutivo comunitario supone una «restricción a la libre circulación de capital».
«A pesar de los intercambios con la Comisión, España no ha modificado su legislación para eliminar este trato discriminatorio y ha introducido nuevas características en su régimen fiscal», argumenta la institución.
Los cambios adoptados en 2025 implican que «sólo los residentes se benefician de reducciones de entre el 20 % y el 90 % de la base imponible derivada del alquiler de viviendas», por lo que «todavía se discrimina a los no residentes».
En consecuencia, el Ejecutivo comunitario ha decido amonestar de nuevo a España, que tiene ahora dos meses para «responder y resolver las deficiencias» identificadas por la Comisión.
No obstante, el expediente sigue todavía en la primera fase de los procedimientos europeos de infracción (las cartas de emplazamiento) y Bruselas ha optado por no pasar todavía a la segunda etapa, que sería el envío de un ultimátum (un dictamen motivado) antes de elevar el caso a la Justicia europea.
La Comisión Europea ha abierto otros expedientes contra España relacionados con el trato fiscal que el país contempla para los extranjeros no residentes. Otro de ellos cuestiona que el país grave la vivienda habitual de estos ciudadanos con un impuesto equivalente al 2 % del valor catastral de su vivienda habitual en concepto de «renta imputada», mientras que no se exige a los residentes.
Por otro lado, Bruselas ha elevado al TJUE otro expediente en el que también acusa a España de trato discriminatorio a no residentes por no ofrecerles la posibilidad de aplazar el abono del impuesto sobre plusvalías cuando el pago de la transferencia de activos se aplaza durante más de un año o se abona a plazos durante un período superior a un año, algo que sí pueden hacer los residentes. EFE
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