Bruselas pone el foco en la fiscalización de los ‘lobbies’ para prevenir la corrupción
Luxemburgo, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea ha situado la eficacia de los registros de control sobre los grupos de presión, los denominados ‘lobbies’, en el eje de su estrategia anticorrupción, según se desprende del Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2026 publicado este jueves.
El informe anual en su decimocuarta edición destaca la fiscalización de las actividades de los grupos de presión como un elemento prioritario para garantizar la integridad institucional en el Mercado Único, y destaca los avances en el control preventivo que ya poseen un total de 16 Estados miembros.
El texto «ofrece nuevas cifras sobre el funcionamiento de los registros nacionales de transparencia, que contribuyen a prevenir la corrupción al garantizar la transparencia en las actividades de cabildeo», según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
España se incluye en la lista de países que no poseen un registro nacional único y obligatorio de transparencia sobre las actividades de lobby o grupos de interés a nivel estatal, aunque sí cuenta con registros autonómicos y locales.
En esta edición, el Ejecutivo comunitario monitorizó el alcance de las obligaciones de los representantes públicos y «ofrece una visión general de su funcionamiento y de qué funcionarios están sujetos a requisitos de transparencia en sus interacciones con los grupos de presión».
La Comisión defendió además el despliegue de estos mecanismos tras asegurar que «estas herramientas son fundamentales para la buena gobernanza y la rendición de cuentas».
Este impulso a la transparencia se complementa en el informe con la fiscalización de la propia respuesta judicial frente al delito económico, midiendo por primera vez la duración de los procedimientos en casos de soborno.
En un plano general, el Cuadro de Indicadores de 2026 refleja un clima de mayor confianza, mostrando que los ciudadanos de 17 Estados miembros y las empresas de 18 perciben que la independencia judicial ha mejorado o se ha mantenido estable.
La percepción de los ciudadanos españoles sobre la independencia judicial se sitúa en niveles bajos, con cerca de un 40 % o menos que la valora como «buena», frente a un amplio porcentaje que la califica como «mala», mientras que las empresas tienen en general una mejor opinión sobre la justicia.
Tanto los ciudadanos como las empresas españolas señalan como causa principal de la falta de independencia y la interferencia o presión del Gobierno y los políticos, seguida de las presiones de intereses económicos o específicos.
Por contra, el informe advierte de que el poder ejecutivo aún mantiene un peso importante en el nombramiento de las autoridades de competencia y urge a acelerar la digitalización de los tribunales, ya que solo seis países tienen su normativa procesal completamente adaptada al formato virtual.
También refleja que la mayoría de Estados miembros utilizan tecnología digital en sus juzgados de primera instancia para facilitar el acceso a la justicia para personas con discapacidad, aunque sostiene que esta accesibilidad «puede mejorarse mediante la participación de otras autoridades judiciales».
Los resultados del Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE servirán de base para el Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión de 2026, así como para las fases finales de los Planes nacionales de Recuperación y Resiliencia. EFE
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