Detienen a dos convencionales chilenos en marcha por los presos del estallido
Santiago de Chile, 15 jul (EFE).- Los convencionales chilenos Manuel Woldarsky y Alejandra Pérez fueron detenidos este jueves durante una protesta en la capital a favor de la liberación de los manifestantes que siguen en prisión desde el estallido social de 2019.
Los dos integrantes de la llamada “Lista del Pueblo” -bloque de ciudadanos sin afiliación a partidos que participaron en las graves protestas de hace dos años y que fueron elegidos el pasado mayo para formar parte de la convención que redacta la nueva Constitución- fueron arrestados a las puertas de la Catedral de Santiago, donde familiares de los presos estaban encadenados a las rejas.
Según distintos vídeos difundidos en las redes sociales, Woldarsky y Pérez trataron de impedir que el cuerpo policial de Carabineros detuviese a los familiares de los presos, a quienes parte de la izquierda considera “presos políticos”.
“Carabineros de Chile ha impedido el acceso de abogados. Se interpuso amparo en favor de los detenidos y se ordenó la libertad inmediata lo que aún no se cumple. ¡Se viene querella!”, anunció en Twitter la “Lista del Pueblo”, que tiene 27 de los 155 escaños.
El vicepresidente de la convención, el izquierdista Jaime Bassa, acudió a la comisaría donde se encuentran Woldarsky y Pérez para conocer su estado, mientras que la sesión de la tarde del órgano constituyente se suspendió hasta que se aclaren los hechos.
“Un grupo de convencionales vinimos a acompañar a las mamás de los presos de la revuelta. Nos estábamos manifestando de forma pacífica frente a la catedral, cuando llegó un contingente absurdo, estúpidamente grande de Carabineros con el ímpetu de golpear”, explicó al canal estatal 24 Noticias Rodrigo Rojas, también de la “Lista del Pueblo”.
La situación de la veintena de manifestantes que siguen en prisión preventiva es uno de los temas que más controversia genera actualmente en Chile.
En una polémica declaración, la convención solicitó al Parlamento el pasado 8 de julio que avance en la tramitación de un proyecto de ley que busca indultar a los llamados “presos de la revuelta” y que es repudiado frontalmente por la derecha y el Gobierno del presidente Sebastián Piñera.
La redacción de la nueva Carta Magna surgió como la vía política para calmar las masivas revueltas, las más graves en décadas y que dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos, señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad e innumerables episodios de violencia con incendios y saqueos.
La convención, formada en gran parte por independientes de tendencia progresista, tiene un año para redactar una nueva Constitución que, si se refrenda en 2022 con otro plebiscito, sustituiría a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). EFE
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