Comisión de la ONU que acusa a Israel de genocidio refuerza el pulso judicial en La Haya
Imane Rachidi
La Haya, 16 sep (EFE).- El informe de una comisión de la ONU que acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza se suma al complejo panorama judicial en La Haya, donde dos tribunales analizan los crímenes: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Sudáfrica acusa a Israel de genocidio, y la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga su responsabilidad penal individual.
La comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó este martes que se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), entre ellos la matanza de civiles, el daño grave a la integridad física y mental, las condiciones de vida destructivas y los ataques contra clínicas de fertilidad como impedimento de nacimientos.
También se refirió a declaraciones de responsables israelíes que, a su juicio, constituyen indicios de una intención genocida.
Genocidio
La CIJ, máximo tribunal de la ONU, está en una fase intermedia de un procedimiento iniciado en diciembre de 2023 por Sudáfrica, que acusa a Israel de violar la Convención, pero este tribunal no lleva a cabo investigaciones propias sobre el terreno, como lo haría la CPI, sino que examina los argumentos y pruebas que los Estados presentan en un litigio.
En una fase preliminar del proceso, Sudáfrica solicitó medidas cautelares urgentes para exigir al Gobierno israelí proteger a la población civil palestina.
En enero de 2024, la CIJ aceptó parcialmente la solicitud al considerar que “existe un riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable” a los derechos de los palestinos y aceptó que era “plausible el derecho del pueblo palestino en Gaza a ser protegido contra actos de genocidio”, sin pronunciarse sobre si esos actos constituyen efectivamente genocidio.
El tribunal ordenó entonces a Israel adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para prevenir actos de genocidio y garantizara la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.
Desde entonces, la Corte ha emitido nuevas órdenes cautelares en respuesta a la evolución de la ofensiva en Gaza, sin entrar en el fondo del caso.
Sudáfrica entregó en octubre de 2024 su memoria escrita con los principales argumentos y pruebas, y ahora Israel tiene hasta enero de 2026 para presentar los suyos.
El nuevo informe de la comisión de la ONU puede reforzar los argumentos de Sudáfrica, pero la CIJ evaluará su valor probatorio dentro del procedimiento sobre el fondo, cuya resolución podría tardar años.
El tribunal sólo dictará un fallo definitivo tras analizar no solo documentos como este, sino también pruebas verificables, testimonios y alegatos de ambas partes. De momento, ni siquiera hay fecha para las audiencias públicas en las que las partes defenderán sus argumentos.
Crímenes de guerra y de lesa humanidad
La CPI, por su parte, investiga desde 2021 posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos tanto por Israel como por Hamás en los territorios palestinos ocupados, lo que incluye la situación actual en Gaza.
Este tribunal, que se rige por el Estatuto de Roma, sí persigue responsabilidades individuales, pero debe verificar las pruebas de manera independiente.
El nuevo informe de la comisión de la ONU no exonera a la fiscalía de la CPI de reunir pruebas directas y verificables, pero puede aportar contexto para sostener las pesquisas, pues apunta a patrones de ataques, bloqueos, desplazamientos y declaraciones y actos de altos responsables israelíes que podrían interpretarse como incitación o ejecución de crímenes de genocidio.
En noviembre pasado, la CPI ya emitió órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás (todos fallecidos desde entonces) y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, pero no incluyó por ahora el cargo de genocidio, al considerar más sólidas las pruebas sobre otros crímenes.
Esas órdenes de arresto han reavivado el debate sobre la independencia del tribunal frente a las grandes potencias, después de la reacción de Estados Unidos, que impuso sanciones al fiscal Karim Khan y a varios jueces, y aumentó la presión política sobre la Corte, que ya afrontó tensiones similares cuando intentó investigar posibles crímenes de guerra en Afganistán, o emitió la orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes en Ucrania.
Por lo tanto, mientras la CIJ evalúa la responsabilidad del Estado de Israel en virtud del derecho internacional, la CPI analiza si existen pruebas para procesar a individuos concretos.
En ambos tribunales, el gran reto sigue siendo demostrar la intención específica de destruir, en todo o en parte, a los palestinos, requisito clave para calificar jurídicamente los hechos como genocidio. EFE
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