Comite D.Humanos ONU pide información a España sobre Ley de Amnistía y reformas judiciales

Ginebra, 3 jul (EFE).- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió este jueves información a una delegación de España sobre la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada este año y sobre recientes reformas judiciales, entre ellas las relativas al puesto de fiscal general.

En la segunda jornada de las sesiones para conocer el cumplimiento por parte de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los miembros del comité, formado por 18 expertos, lanzaron varias rondas de preguntas sobre éstos y otros temas, que respondió una delegación con representantes de siete ministerios.

Respecto a la Ley de Amnistía, la delegación española aclaró que no se aplica a «aquellos que han obtenido un beneficio patrimonial personal», y es por ello que que actualmente los tribunales analizan si la malversación observada durante el «procés» implicó o no tales beneficios personales.

Respecto a las reformas judiciales, la vicepresidenta del comité, Hélène Tigroudja, preguntó por qué hay todavía puestos vacantes en el Tribunal Constitucional, y cuál será el rol del fiscal general tras las modificaciones legislativas, señalando que algunas voces han interpretado éstas como posibles ataques a la independencia judicial.

Estas últimas cuestiones no fueron respondidas al agotarse el turno de palabra final de la delegación española, aunque ésta, encabezada por el embajador ante la ONU en Ginebra Marcos Gómez, prometió hacer un seguimiento de éstas y otras dudas planteadas por los expertos.

«Esto no es más que una fase en un diálogo que vamos a seguir manteniendo, ya que la plena garantía de los derechos civiles y políticos es un proceso que nunca se llega a terminar y somos conscientes del papel relevante que tiene este comité para ayudar al Estado», destacó el diplomático en su intervención final.

Otras cuestiones del comité giraron en torno a temas como la condecoración de los guardias civiles condenados a 75 años de prisión por el asesinato de los etarras Lasa y Zabala en 1983, en el marco de las operaciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

El experto costarricense Rodrigo Carazo preguntó por qué no se han retirado estas medallas, «que glorifican una conducta criminal».

La delegación subrayó que en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2024 se han retirado ya condecoraciones y honores otorgados a personas vinculadas a la represión durante la dictadura franquista, aunque «está abierta la posibilidad» a que se aplique a años posteriores.

Hubo numerosas preguntas sobre el trato a migrantes en centros de internamiento, y otra consulta no relacionada giró en torno a las medidas de sujeción mecánica de detenidos, después de que el mecanismo nacional de prevención de la tortura recomendara usar «alternativas más respetuosas» y limitar su duración temporal.

La delegación indicó que entre 2018 y 2025 el recurso a esta medida se ha reducido a menos de 300 casos al año, a menudo en ocasiones en las que es necesario un tratamiento médico -como administrar un tranquilizante- y «aplicando los mismos términos que en un hospital y siendo muy garantistas».

Los representantes españoles añadieron que se han probado alternativas como el uso de celdas acolchadas, aunque reconocieron que «la experiencia no ha sido satisfactoria», ya que no resuelve el riesgo de que el detenido se autolesione o intente quitarse la vida en momentos de agresividad extrema.

Tras los dos días de revisión, la séptima a la que se somete España ante el comité y que analizó la situación en el país desde 2015, los expertos de este órgano de Naciones Unidas emitirán un informe final de conclusiones que será publicado el 17 de julio.

La delegación española incluyó representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Sanidad; Igualdad; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Juventud e Infancia. EFE

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