Comunes pide al Gobierno que recurra el reglamento de retornos ante la justicia europea
Estrasburgo (Francia), 17 jun (EFE).- El eurodiputado de los Comunes Jaume Asens pidió este miércoles al Gobierno de España que recurra el reglamento de retornos de nacionales de terceros países ante el Tribunal de Justicia para «actuar con coherencia institucional y jurídica» después de que España se haya opuesto a la norma durante todo el proceso de negociación.
En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Consejo de Ministros, Asens recuerda que ya había hecho una petición similar al Ejecutivo español y que hace unos meses se le dijo que antes de acudir a los tribunales, era necesario «intentar frenar políticamente» la aprobación del texto en las instituciones europeas.
«España ha sido el único Estado miembro que ha mantenido una oposición clara y formal a este instrumento legislativo. Sin embargo, el reglamento ha sido finalmente aprobado. Por ello, considero que ha llegado el momento de actuar con coherencia institucional y jurídica», señala el eurodiputado en la carta.
A su juicio, el reglamento al que la Eurocámara ha dado luz verde este mismo miércoles «plantea serias dudas de compatibilidad» con varios derechos de la Carta Europea de Derechos Humanos, como a la libertad y a la seguridad, a la tutela judicial efectiva y a la no devolución.
«Estas preocupaciones no son meramente teóricas. La experiencia reciente demuestra que los tribunales europeos han actuado como un contrapeso indispensable frente a determinadas políticas de externalización migratoria», señala Asens, que menciona además el cuestionamiento judicial del modelo impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni en Italia.
Para Asens, un recurso de anulación ante la justicia europea es «una oportunidad» para que España «defienda ante el Tribunal los principios que ha afirmado durante el debate legislativo y contribuya a preservar la integridad del sistema europeo de protección de derechos fundamentales».
«España se encuentra en una posición privilegiada para liderar la defensa judicial del Estado de derecho y de los derechos fundamentales frente a una norma cuya compatibilidad con el Derecho primario de la Unión ha sido seriamente cuestionada», afirmó. EFE
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