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Delcy Rodríguez anuncia la creación de una línea telefónica para denunciar extorsión

Caracas, 1 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la creación de una línea telefónica para que los ciudadanos puedan denunciar la extorsión que cometan funcionarios policiales, fiscales o jueces, en medio de un proceso de consulta para reformar la justicia penal del país.

«Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide», señaló en el acto de instalación de la gran consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La mandataria pidió la colaboración de los ciudadanos, así como de los organismos de seguridad para que no se manche la dignidad de las instituciones públicas.

Rodríguez dijo que su equipo creó la línea telefónica 0800-Extorsión, porque, sostuvo, no es justo que los policías, jueces y fiscales honestos paguen «por aquel que extorsiona al ciudadano».

«Tenemos que de verdad tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta república», añadió.

Este lunes, Venezuela comenzó el proceso de consulta nacional para reformar la justicia penal en el país, en el que se discutirán nueve «grandes temas», entre ellos los retrasos procesales, el acceso a la justicia, así como la ética y la independencia del Poder Judicial, según informó el fiscal general, Larry Devoe.

Habrá un mecanismo de consulta general para escuchar la opinión de todos los sectores involucrados en el funcionamiento diario del sistema de justicia penal como comunidades organizadas, movimientos de derechos humanos, mujeres, campesinos, jóvenes, indígenas y trabajadores.

También se desarrollará un proceso de consulta específica con los actores del sistema de justicia penal «con una mirada autocrítica».

El pasado 22 de mayo, Delcy Rodríguez dijo que en un primer análisis encontraron tres grandes desafíos en la Justicia venezolana: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, después de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos». EFE

sc/bam/mgr

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