Denuncian que Ley de Inteligencia de Ecuador podría usarse para «la persecución política»

Quito, 18 jul (EFE).- Diversas organizaciones civiles de Ecuador interpusieron este viernes una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica de Inteligencia promovida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que, según denuncian, vulneraría múltiples derechos individuales como la privacidad y confidencialidad de datos personales y podría ser utilizada como «una forma de persecución política».

La acción fue planteada por una alianza integrada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), a ‘LaLibre.net Tecnologías Comunitarias’, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) y el Taller de Comunicación Mujer.

Entre las disposiciones del reglamento general que más inquietan a estas entidades destacan la «recolección de datos sin una orden judicial» o la «rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional (Parlamento) en sesiones reservadas» por parte del coordinador del sistema nacional de inteligencia.

«Este reglamento faculta y habilita tanto al Estado como a las instituciones a recolectar masivamente nuestra información, esto implicaría una vulneración gravísima a los derechos», explicó Andrea Tupanta, asesora legal de la Fundación Regional de Derechos Humanos (Inredh).

En este contexto, Ariadne Celi, también abogada de Inredh, explicó que el recurso de inconstitucionalidad se basa en estándares internacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que establece que «toda información relativa a vigilancia estatal tiene que estar debidamente motivada».

«El Gobierno muchas veces ha dictado decretos o acuerdos que son contrarios a la Constitución. Entonces no hay ninguna garantía de que esta ley sea aplicada de manera respetuosa hacia los derechos humanos», declaró Celi.

En ese sentido, la jurista se refirió al decreto de «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado desde inicios de 2024 como un «discurso» que busca justificar «una persecución hacia grupos históricamente vulnerados, grupos marginados, empobrecidos y racializados».

«Nuestra preocupación es que esta ley sea utilizada como una forma de persecución política y para seguir justificando estos abusos hacia estos grupos», lamentó.

Por su parte, Jonathan Finlay, representante de La Libre Tecnologías Comunitarias, calificó como «muy preocupante» el alcance sobre la confidencialidad de las comunicaciones que establece esta normativa.

«Todo queda a consideración del director del Centro de Inteligencia Estratégica (Cies) y nadie podrá pedir información (…) La ley, más allá de permitir fortalecer la seguridad de este país, genera un marco de impunidad», remarcó Finlay.

Asimismo, hizo alusión a hechos del pasado protagonizados por anteriores regímenes ecuatorianos para ejemplificar las posibles violaciones a derechos en las que podría incurrir la aplicación de esta legislación.

«Podemos recordar en 2014, cuando se compró el software Galileo por parte del Gobierno de turno (del que era presidente Rafael Correa) en aquel momento y fue usado contra periodistas, contra defensores y defensoras de derechos humanos», acusó.

Finlay subrayó también que esta normativa permitiría la instauración de una nueva agencia de inteligencia con «poderes bastante amplios y sin controles efectivos».EFE

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