Ecologistas: Noboa pone «lobos a cuidar ovejas» al unir ministerios de Ambiente y Minas

Quito, 25 jul (EFE).- Organizaciones ambientalistas y ecologistas de Ecuador lanzaron la voz de alarma este viernes tras conocer la decisión del presidente, Daniel Noboa, de fusionar el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas, una medida que describieron como «poner a los lobos a cuidar ovejas», según explicó a EFE María Espinosa, activista de Amazon Frontlines en Ecuador.

Las reacciones se producen después de que el Ejecutivo central anunciase, sin previo aviso, la unificación de ambas carteras ministeriales, como parte de un recorte del Gobierno para pasar de tener 20 a 14 ministerios, además del despido de 5.000 funcionarios.

La cartera de Energía y Minas es una de las que más partidas presupuestarias gestiona al estar a cargo de la política de hidrocarburos, uno de los pilares de la economía ecuatoriana, en particular con la producción de unos 470.000 barriles de petróleo diario, mientras busca impulsar la inversión en minería.

La principal razón que justifica la medida responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal para equilibrar las cuentas públicas y cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del programa crediticio firmado el año pasado por valor de 5.000 millones de dólares.

Minería en expansión

Teniendo en cuenta el interés extractivista de Noboa y su perfil empresarial –pertenece a una familia que atesora una de las mayores fortunas del país–, la actividad del Ministerio de Energía y Minas tiene especial prioridad dentro de su Gobierno, interesado en fomentar la inversión pública y privada en actividades energéticas y mineras.

El Ministerio de Ambiente se creó después de una «larga y compleja lucha» de veinte años, según recordó a EFE Gustavo Redín, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma).

Esta cartera tenía la potestad no solo de otorgar licencias de actividad, sino de controlar y supervisar que las entidades extractivas cumplían con la normativa vigente y evitaban el deterioro del espacio, de la naturaleza y de la integridad de los pueblos y comunidades indígenas de Ecuador.

De hecho, una de las principales inquietudes de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana y las organizaciones ambientalistas es, precisamente, combatir la actividad extractiva y defender lo que consideran su «territorio ancestral».

Visto como un «retroceso de 20 años»

Con esta nueva medida, el ministerio que aprueba las actividades mineras será el mismo que defiende el medioambiente.

Esta decisión gubernamental es «un retroceso de más de 20 años en política y gobernanza ambiental» y una «contradicción», según Redín, que pone en peligro los derechos de la naturaleza y los residentes de pueblos originarios.

«¿El Ministerio de Energía y Minas va a limitarse a sí mismo el otorgamiento de sus propias licencias?, ¿cómo vas a poder ejercer todas tus obligaciones en materia de control ambiental?», se preguntó irónicamente el líder de Cedenma.

Para Amazon Frontlines, el costo político, económico y social de estos anuncios «será de los más graves en la historia reciente de Ecuador», porque «representa mayores violaciones a derechos fundamentales, aumento de violencia y desplazamientos forzados de pueblos y nacionalidades indígenas sobre sus territorios ancestrales», con el único fin de que «operen las empresas que prometen apuntalar el desarrollo económico del país».

Yasunidos: «Responde a intereses internos de Noboa»

Para Pedro Bermeo, portavoz de Yasunidos, organización defensora del Parque Nacional Yasuní (en la Amazonía ecuatoriana), esta medida responde a intereses internos del propio presidente al considerar que su familia tiene interés en invertir en minería en el país.

«Será más fácil el otorgamiento de licencias», sentenció Bermeo, para quien la fusión no es tan sorprendente si se tiene en cuenta que, en los últimos años, el Ministerio de Ambiente se había convertido en un mero «otorgador de permisos» a merced del interés de Energía y Minas.

Ahora, simplemente, pasa a integrarse «de manera formal» al Ministerio, por lo que puede «augurar que va a ser mucho peor que antes», apuntó a EFE.

El futuro, para los activistas, no avecina cambios positivos. «No hemos tocado fondo, puede ir a peor. La muestra es que, hoy, los gastos destinados a seguridad superan 3.600 millones, mientras que el presupuesto social es 300 veces menor», concluyó Espinosa. EFE

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