El ‘lawfare’ y la lucha interna amenazan al único partido con opciones de ganar a Erdogan
Dogan Tilic
Ankara, 26 may (EFE).- Una sentencia judicial y un conflicto interno han abierto una crisis en el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP) turco, el único actualmente con opciones de desbancar del poder al islamista Recep Tayyip Erdogan, y que hace meses denuncia estar sometido a una persecución judicial (‘lawfare’).
La semana pasada un tribunal de Ankara anuló el congreso en el que el partido eligió en 2023 a Özgür Özel, de 51 años, como nuevo líder del partido, sustituyendo a Kemal Kiliçdaroglu (77), bajo cuyo mandato de más de una década el partido sufrió una derrota electoral tras otra.
Un grupo de partidarios de Kiliçdaroglu presentó una denuncia por supuesta compra de votos, lo que motivó que la Fiscalía abriera una investigación que ha terminado en la sentencia judicial que destituye a la actual ejecutiva del partido y reinstaura a la anterior.
Un partido al alza
Bajo el mando de Özel, que el pasado noviembre fue reelegido por unanimidad, el CHP ganó en 2024 las elecciones municipales y las alcaldías de las principales ciudades, en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en los 22 años que lleva en el poder.
Özel, que tiene el apoyo de la mayoría de diputados y de los principales alcaldes, ha calificado esta sentencia como una prueba más de persecución judicial, a la que asegura está siendo sometido el partido desde su triunfo.
Desde las elecciones de 2024, dos decenas de alcaldes socialdemócratas han sido detenidos acusados de corrupción, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia a Erdogan en 2028, con buenas perspectivas de triunfo.
La decisión de Kiliçdaroglu de defender la resolución judicial y reinstalarse en el cargo ha sido denunciada como una «traición» por la cúpula ahora destituida.
En las protestas que se vienen sucediendo en los últimos días, el veterano líder es tildado de «peón de Erdogan» por los partidarios de Özel.
Hoy mismo, decenas de miles de personas, según varios medios, se congregaron en Esmirna, la tercera ciudad del país y un tradicional bastión del CHP, para mostrar su apoyo al líder destituido.
La Policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes, que ignoraron la prohibición de las autoridades de concentrarse en la céntrica Plaza de la República.
‘Lawfare’ y autoritarismo
Tras mover la protesta a otra ubicación, Özel planteó en un discurso que sean los dos millones de afiliados del partido, y no los delegados en un congreso, quienes elijan en votación directa al nuevo líder.
En cualquier caso, esta situación ha abierto una crisis en el partido y muestra, según algunos expertos, el grado de deterioro del Estado de derecho y la democracia en Turquía.
«El país podría moverse hacia un sistema como el de Rusia, donde no hay oposición real y donde los límites y el liderazgo de la oposición están determinados por el Gobierno», alerta a EFE el profesor de Ciencias Políticas Necmi Erdogan.
Los partidarios de Kiliçdaroglu insisten por su parte en que la sentencia judicial es correcta.
Yildirim Kaya, que fue vicepresidente del partido con Kiliçdaroglu, afirma que hubo compra de votos y sobornos durante el polémico congreso, y que Kiliçdaroglu ha aceptado volver a dirigir el partido no para crear un cisma, sino para evitar que la Justicia designe a una gestora.
Según Kaya, Kiliçdaroglu convocará un nuevo congreso no antes de ocho meses, un periodo durante el que algunos miembros del partido temen que no se ejercerá oposición alguna a Erdogan, sino que la energía se perderá en la lucha interna, algo que favorecerá las posibilidades de reelección del actual jefe de Estado.
Un partido roto en dos
El propio Özel ha declarado que el partido que creó en 1923 Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de Turquía, ha quedado dividido en dos: uno dirigido por el elegido de la Justicia y otro liderado por quien ha decidido la propia organización, es decir, él mismo.
Selçuk Candansayar, experto en psicología de la política, considera que «el Gobierno lleva mucho tiempo avanzando contra la oposición social a través del ‘lawfare'».
«Su objetivo es crear una sensación de indefensión aprendida y dependencia. Como se vio en la redada policial en la sede del CHP y hoy en Esmirna, está enviando el mensaje: si no entienden con palabras, les enseñaremos por la fuerza», considera Candansayar, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Turquía.
Así opina también Ilhan Cihaner, diputado del CHP y antiguo fiscal, que mantiene que la destitución de la cúpula por un tribunal es ilegal, ya que sólo la Junta Electoral del país tiene competencias para ello.
Cihaner afirma que en los regímenes autoritarios se usan estos métodos cuando no se puede llegar a un consenso.
Con todo, considera que si el partido, y la oposición en su conjunto, supera esta ofensiva de persecución judicial, hay una oportunidad real de reforzarse y de ser alternativa a Erdogan. EFE
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