El caso del submarino argentino hundido en 2017: crisis política y espionaje a víctimas
Florencia Pessarini
Buenos Aires, 3 mar (EFE).- El hundimiento del submarino argentino ARA San Juan, que causó 44 muertos en 2017 y por el que se juzga desde este martes a cuatro exjefes de la Armada, desató una importante crisis política para el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) y derivó en una causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas.
El 12 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan, construido en Alemania y adquirido por la Armada argentina en 1985, inició una misión de patrullaje en una zona del mar abierto argentino afectada por la pesca ilegal.
El submarino debía, por protocolo, comunicarse con su base cada 48 horas, y emitió su último mensaje el 14 de noviembre, cuando se encontraba a 400 kilómetros del golfo San Jorge.
Los expertos consideran que el envío de ese mensaje, que obligó al submarino a emerger a la superficie y coincidió con una tormenta virulenta en altamar, puede haber dado inicio a los eventos que desencadenaron su hundimiento.
El 16 de noviembre, cuando el ARA San Juan debía mandar su emisión protocolar, el silencio se volvió inquietante.
Desde ese día, la búsqueda del submarino se instalaría por más de un año como un tema de alta prioridad en la prensa argentina, incluso después de su hallazgo a pocos kilómetros del punto del último contacto, el 17 de noviembre de 2018.
Durante 15 días, la operación de búsqueda y rescate (SAR) involucró a 18 países y se detuvo unos días después de que el vocero de la Armada, Enrique Balbi, pronunció una frase que haría romper en llanto a los familiares que desde el momento de la desaparición se congregaban a diario en distintos puntos del país a reclamar respuestas al Gobierno de Macri.
“Fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”, afirmó Balbi en una conferencia de prensa.
Su declaración se sustentaba en el último mensaje enviado desde el ARA San Juan, revelado por el Gobierno un tiempo después, que daba cuenta de un «ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías» que ocasionó un «cortocircuito y principio de incendio».
Los exjefes de la Armada Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa comenzaron a ser juzgados este martes en la provincia de Santa Cruz por el hundimiento, bajo los cargos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Espionaje gubernamental a familias
Las familias de los marinos fallecidos, que denunciaron desde el principio el ocultamiento de información y un pronunciado destrato por parte del Gobierno nacional, notaron poco después del hundimiento anomalías en sus teléfonos e intentos de intromisión en sus correos electrónicos.
Durante una audiencia que mantuvieron con el presidente, les llamó la atención un documento que detallaba de antemano los planteos que realizaría cada familiar.
Ese documento, que al que accedió EFE, informó que «la señora Marcela Fernández exigirá al presidente que ofrezca una recompensa, así sale todo el mundo a buscarlos'» y que «la señora Paola Constantini expresará que continúen con la búsqueda», entre otros ejemplos.
Luis Tagliapietra, padre del fallecido teniente de corbeta fallecido Alejandro Tagliapietra, relató a EFE: «Desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, actual Secretaría de Inteligencia de Estado) me han seguido, me han intervenido el teléfono. Nos han infiltrado agentes que se hicieron pasar por familiares», describió.
Además, denunció numerosos intentos de silenciamiento a los denunciantes: «Me han ofrecido dinero, me han ofrecido cargos políticos, candidaturas».
En diciembre de 2021, el expresidente Macri fue procesado por el delito de espionaje ilegal, acusado de ser «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal».
Tiempo después, la causa cambió de juzgado y en julio de 2022 se revocó el procesamiento de Macri y de las autoridades de la AFI imputadas, una decisión que fue luego confirmada por la Corte Suprema.
«La Justicia consideró que eran actividades que estaban vinculadas a la seguridad del presidente», explicó Tagliapietra, también abogado querellante en las dos causas mencionadas, y consideró esta decisión judicial «totalmente infundada».
Otra abogada querellante, Valeria Carreras, quien presentó ante el Supremo un recurso de excepción llamado ‘in extremis’ que todavía está pendiente de resolución, recordó a EFE que «la causa todavía no está archivada y el sobreseimiento de Macri no está firme». EFE
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