El Constitucional de Perú suspende todas las investigaciones a la presidenta Boluarte

Lima, 19 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra la presidenta del país, Dina Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder, salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno, que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.

Actualmente, Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos 59 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, tras la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.

La mandataria, que se encuentra en su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica -registra apenas un 3 % de aceptación, según varias encuestas-, se encuentra también investigada por el caso ‘Rolexgate’, por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo.

Asimismo, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas, y por supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.

También es investigada por el presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Boluarte fue elegida vicepresidenta dentro de la candidatura presidencial de Castillo.

Cerrón se encuentra prófugo y el automóvil presidencial fue captado cerca de una residencia donde se sospecha que estuvo el prófugo político.

Las investigaciones quedan congeladas

La sentencia del Tribunal Constitucional implica que todos estos expedientes fiscales deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o ganadora de las elecciones previstas para mediados del próximo año.

«Se protege la institución presidencial de toda intromisión o perturbación que incida sobre el desempeño regular del cargo», sostuvo el tribunal en su sentencia, adoptada con cinco votos de un total de siete magistrados.

Hasta el momento, la Fiscalía había proseguido sus investigaciones, si bien para formalizar la acusación debía obtener el beneplácito del Congreso para que se le levantase la inmunidad, por tratarse de una autoridad con fuero.

Todas las denunciadas presentadas por el Ministerio Público al Congreso habían sido archivadas por el Legislativo, donde un conjunto de fuerzas conservadoras, la mayoría de derecha, han sostenido a Boluarte en el poder frente a las distintas denuncias que enfrenta.

El lunes por la noche, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, había asegurado en declaraciones al Canal N que la decisión de este estamento no se basaba en la persona de Boluarte, sino que estaba pensada para cualquiera que ejerciese la Presidencia de Perú.

Precisamente, las investigaciones por presunta corrupción iniciadas contra Castillo (2021-2022) condujeron a que el mandatario tratase sin éxito de realizar un golpe de Estado al ordenar inconstitucionalmente la disolución del Congreso cuando este planeaba votar una moción para destituirlo.

Bajo las directrices de esta sentencia del Tribunal Constitucional, Castillo habría seguido en el poder sin poder ser investigado, pese a los indicios de corrupción en su administración, que lo implicaban incluso directamente a él. EFE

fgg/llb