El Constitucional francés veta la autorización de un pesticida validado por el Parlamento

París, 7 ago (EFE).- El Consejo Constitucional francés vetó parcialmente este jueves la ley aprobada por el Parlamento el pasado 10 de julio que permitía el uso de un pesticida en agricultura, una de las reclamaciones de los campesinos del país durante su oleada de protestas de 2024.

La máxima autoridad constitucional del país consideró que esa medida, una de las más importantes de la llamada ‘ley Duplomb’, por el nombre del Senador que la redactó, contraviene la Carta Medioambiental del país, por lo que no puede ser adoptada.

En cambio, dio luz verde al grueso del resto de medidas incluidas en esa ley, como la simplificación administrativa de los trámites a los que están sometidos los agricultores.

El presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo partido había sido uno de los impulsores de esa ley junto a la derecha moderada y la extrema derecha, hizo saber que toma nota de la decisión del Constitucional y que promulgará la ley tal y como quede tras la censura de este organismo, dentro del plazo legal de quince días que tiene para hacerlo.

Un jarro de agua fría para los agricultores, que reclamaban poder usar ese pesticida, prohibido en Francia desde 2018 pero autorizado en otros países, para poder producir en igualdad de condiciones.

Sin embargo, esa medida contaba con el rechazo de la izquierda y de diferentes entidades ecologistas, que habían organizado una recogida de firmas a través de internet que en pocos días recibió dos millones de apoyos, lo que abría la puerta a una relectura del texto en la Asamblea Nacional.

El Constitucional adoptó algunos de los argumentos de los ecologistas, como la incidencia que este pesticida, de la familia de los ‘neonicotinoides’ tiene en la biodiversidad, al afectar a insectos polinizadores y a pájaros, lo que, según su decisión, conlleva a la postre «riesgos para la salud humana».

Sin unas medidas de control suficiente, establece el Constitucional, la autorización de ese pesticida atenta contra «el marco definido por la jurisprudencia de la Carta Medioambiental», a la que el Consejo otorga un valor constitucional.

La decisión supone un revés para la coalición de Gobierno, que contaba con esa ley para aplacar las reclamaciones de los agricultores, que durante el año pasado paralizaron durante varios días importantes arterias del país con sus manifestaciones.

La autorización de este pesticida era uno de los caballos de batalla del sindicato agrario FNSEA, el principal del país.

Los grupos ecologistas, que habían convocado una manifestación frente al Constitucional, se mostraron satisfechos de la decisión. EFE

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