El Estado neerlandés, demandado por las largas listas de espera en atención a salud mental
La Haya, 7 abr (EFE).- El Estado de Países Bajos ha sido demandado este martes por primera vez en su historia por las listas de espera prolongadas en la atención de salud mental, en un caso que denuncia vulneraciones de derechos fundamentales de pacientes con trastornos graves.
La acción judicial ha sido impulsada por la Fundación Derecho a la Salud Mental, un colectivo formado por profesionales sanitarios y pacientes, que tras dos años de preparación ha entregado este martes una citación en la que exige medidas urgentes para reducir los tiempos de espera.
Según la organización, más de 56.000 personas con trastornos psicológicos graves superan el límite máximo de 14 semanas para acceder a tratamiento especializado, con retrasos que pueden alcanzar entre dos y cinco años, cuando necesitan ayuda psiquiátrica “urgente”.
La situación afecta especialmente a pacientes con patologías como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave o trauma complejo, muchos de los cuales requieren atención psicológica o psiquiátrica prolongada o de por vida.
La fundación asegura que el Estado incumple su obligación de garantizar el derecho a una atención sanitaria adecuada, lo que, a su juicio, supone una vulneración de “derechos humanos fundamentales y sociales”.
Además, advierte de las consecuencias graves para los afectados, que pueden perder el empleo, la vivienda o agravar su estado de salud.
Según los datos citados, se estima que cada día una persona en lista de espera se quita la vida.
El Gobierno neerlandés no ha reconocido hasta ahora su responsabilidad y defiende que ya está aplicando varias medidas para abordar el problema.
No obstante, la fundación considera que estas son insuficientes, poco concretas y carecen de resultados efectivos.
Aunque las aseguradoras y los proveedores de servicios sanitarios juegan un papel clave en la contratación y oferta de la atención en cuestión, no han sido incluidos en la demanda.
Sin embargo, la organización critica que este sistema de competencia entre aseguradoras dificulta la atención a pacientes con casos complejos y propone una financiación directa desde el presupuesto público de salud.
Desde 2005 existe el compromiso entre instituciones sanitarias, organizaciones de pacientes y aseguradoras de no superar las 14 semanas de espera, un objetivo que no se ha cumplido de forma sistemática.
La fundación explica que recurrir a los tribunales es la última vía tras años de intentos fallidos de llamar la atención del Gobierno sobre el problema.
En los últimos años, el Ejecutivo ha llevado a cabo varios acuerdos para reducir las listas de espera, aunque sin lograr resultados significativos hasta el momento. EFE
ir/lzu/jgb
