El Gobierno británico hace concesiones para salvar su reforma del estado del bienestar

Londres, 30 jun (EFE).- El Gobierno laborista británico anunció este lunes cambios en su plan de reforma del estado del bienestar para asegurar que sus diputados apoyen el martes un polémico proyecto de ley que endurecerá el acceso a las prestaciones sanitarias y por discapacidad.

La ministra de Trabajo, Liz Kendall, expuso ante el Parlamento una versión suavizada del Proyecto de Ley sobre el Crédito Universal y el Pago por Independencia Personal (PIP, en inglés), ante la amenaza de rebelión de más de 126 diputados que criticaban los recortes a ese sector vulnerable de la población.

Estas concesiones de última hora del Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, significan que se reducirá a la mitad el ahorro anual previsto, de 5.000 a 2.500 millones de libras (5.900 a 2.950 millones de euros), si bien Kendall insistió en que ese dinero es aún clave para evitar un déficit presupuestario.

Entre las modificaciones pactadas con los cabecillas de los parlamentarios rebeldes se incluye que los nuevos criterios de acceso al PIP no afecten a quienes ya lo reciben y solo se apliquen a futuros solicitantes, a partir de noviembre de 2026.

En el caso del Crédito Universal, el subsidio para las personas con bajos ingresos, se sigue restringiendo el acceso a su complemento por incapacidad a los mayores de 22 años y con una cuantía reducida, pero el Ejecutivo asegura ahora que mantendrá el nivel de protección a quienes ya lo cobran así como a los enfermos graves o terminales.

Este proyecto legislativo, que de ser aprobado el martes pasará a una fase de enmiendas, forma parte de la estrategia del Gobierno laborista para economizar los subsidios a las personas en edad laboral, especialmente aquellas con discapacidades o condiciones de salud de larga duración, que aumentaron desproporcionadamente durante la pandemia.

Pese a las cesiones, el ministerio de Trabajo y Pensiones calcula que 150.000 personas más caerán en la pobreza para 2030, si bien la cifra es inferior a las 250.000 que habrían resultado del plan original.

El Ejecutivo de Starmer, muy criticado por su gestión de este asunto, prometió además 300 millones de libras (unos 354 millones de euros) en programas de empleo, salud y formación para personas con discapacidades o condiciones crónicas, a fin de que puedan regresar al mercado laboral. EFE

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