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El Municipio de Quito apelará la decisión del juez sobre la gestión del estadio Atahualpa

Quito, 8 jul (EFE).- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este martes que impugnará la resolución tomada por un juez la semana pasada, en la que restituyó la administración del Estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana a la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), contrariando la decisión municipal de retomar el control de este escenario.

El burgomaestre explicó que esta apelación se efectuará de manera obligatoria por «mandato de la ley» y remarcó que no pretende obstaculizar ni demorar los procesos de rehabilitación y mejoramiento del recinto deportivo.

La administración del Estadio Olímpico de Atahualpa, de Quito, volvió el pasado viernes a manos de la Concentración por orden de un juez, que aceptó una acción de protección presentada por el Gobierno en su calidad de interventor de la CDP .

«A nosotros (Municipio de Quito) no nos interesa para nada ponerle en un viacrucis o una dilatación a las acciones que se puedan tomar sobre el Estadio Olímpico Atahualpa», recalcó el dirigente local, perteneciente al movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Del mismo modo, defendió su intento de revertir la administración del «coloso del Batán», en referencia al estadio, como «una decisión que se debía tomar» y sostuvo que «se hizo bajo todos los preceptos del debido proceso».

«No tenemos realmente mucha expectativa de que esta decisión (del juez) cambie, por lo tanto, nuestro planteamiento ha sido que desde este momento el reloj corre al revés para la Concentración Deportiva de Pichincha», añadió el burgomaestre.

En esa línea, Muñoz manifestó que el estadio Atahualpa requiere «un análisis estructural» para «saber si se puede proceder con una remodelación o si lo que corresponde es un derrocamiento y la construcción de un nuevo escenario».

«Vamos a tener dentro de poco espectáculos artísticos y deportivos, y por lo tanto el único responsable de que estos eventos puedan desarrollarse con normalidad y que los asistentes tengan la seguridad necesaria para cada caso, es la Concentración Deportiva de Pichincha intervenida por el Ministerio del Deporte», advirtió.

Advertencia sobre contratos privados

En este contexto, Muñoz también advirtió que si la CDP «hiciera un acuerdo con un privado» sin el aval del Municipio «volvería a violentar el documento jurídico de 1966».

De presentarse esta situación, el alcalde recordó que la Concentración Deportiva estaría infringiendo una cláusula del contrato que prohíbe «enajenar a un tercero», lo que provocaría que «volverían (CDP) a caer en un escenario de reversión» por incumplir esta norma legal.

«Nosotros (Municipio de Quito) planteábamos que desde la tenencia pública del estadio podíamos desarrollar una alianza público-privada con el propio Ministerio de Deporte sentando en la mesa», recordó.

Tras su clausura el pasado 8 de junio a causa de la presencia de unos cilindros de gas licuado de petróleo, el Concejo Metropolitano de Quito, a propuesta del alcalde aprobó una resolución de reversión para que la administración de este espacio quedase bajo control municipal, con el fin de optimizar y rehabilitar sus áreas.

Como reacción a este trámite, el Ministerio del Deporte inició un proceso formal de intervención en la CDP, «con el objetivo de recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa y fortalecer la gestión deportiva en beneficio de todos los atletas de la provincia».

El Atahualpa, con capacidad para unos 35.000 espectadores, fue la casa de la selección de fútbol de Ecuador hasta 2018, cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) alertó sobre el deterioro de la infraestructura y se trasladó al estadio Rodrigo Paz Delgado para organizar los partidos de la Tri.

Pese a haber recibido intervenciones puntuales, desde su apertura únicamente solo fue objeto de adecuaciones en 1993 de cara a la Copa América, con mejoras en las zonas para prensa, y en 2001, cuando se colocó una pista atlética sintética.

El Atahualpa, de Quito, fue finalmente reabierto el pasado 18 de junio después de que la CDP pagase la multa de 4.700 dólares, condición indispensable para levantar la suspensión tras más de una semana clausurado. EFE

ame/sm/cav

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