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Organizaciones reportan 34 denuncias de violaciones a DDHH en El Salvador

San Salvador, 5 abr (EFE).- Organizaciones no gubernamentales de El Salvador han registrado 34 denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción aprobado por el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele, ante una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.

Abraham Abrego, de la organización no gubernamental Cristosal, detalló durante una conferencia de prensa que los casos han sido atendidos por Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Azul Originario entre el 27 de marzo —día en que entró en vigencia el estado de excepción— y el 4 de abril.

Señaló que 26 de las denuncias tienen que ver con abuso de autoridad y el resto con detenciones arbitrarias e intimidación y apuntó que la mayoría de personas afectas han sido víctimas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la Fuerza Armada.

El experto en DD.HH. llamó a la Policía y a la Fuerza Armada a que “jueguen su papel como garantes y protectores de la población” y que “su respuesta no sea desproporcionada, sobre todo con la población más vulnerable”.

El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó el lunes que su oficina ha recibido 67 denuncias de “afectaciones a derechos” bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.

El Salvador cumple este martes diez días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.

El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una “guerra contra las pandillas”, como lo hicieron sus antecesores.

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN GENERA MÁS AFECTACIONES A DD.HH.

Abrego señaló que la medida de excepción adoptada por el Gobierno salvadoreño “está ocasionando mayores afectaciones a la población en materia de derechos humanos” e indicó que “representa la expresión más punitiva del Estado”.

Apuntó que “el incremento de la violencia no es justificación para la adopción de un régimen de excepción”.

Abrego subrayó que la suspensión del derecho que tienen las personas a la defensa representa “una grave violación a los derechos humanos” y “es un elemento que no debe ser parte de un régimen de excepción.

Invitó al Gobierno de Bukele a buscar mecanismos y promover políticas que “acaben con la violencia en el país de una forma integral y no atentando contra los derechos humanos de la población”. EFE

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