España tenía derecho a impedir que el Parlamento catalán debatiera sobre el resultado del referéndum (CEDH)
El fallo del Tribunal Constitucional español para suspender el pleno del Parlamento de Cataluña en el que se debían debatir los resultados del referéndum de autodeterminación de octubre de 2017 no violó los derechos fundamentales de los diputados, zanjó el martes la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).
El veto respondía a una «necesidad social imperiosa» y era «necesaria en una sociedad democrática, sobre todo para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los demás», consideraron los jueces, según un comunicado de la institución.
La CEDH, con sede en Estrasburgo (este de Francia), fue interpelada por 76 parlamentarios catalanes, incluida la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, a quienes se les impidió organizar un pleno para discutir sobre la declaración de independencia, después de que el 1 de octubre de 2017 se celebrara un referéndum de autodeterminación, también prohibido por la justicia.
Diputados socialistas recurrieron al Tribunal Constitucional al considerar que la organización de esa reunión infringía el reglamento del Parlamento regional. El Tribunal Constitucional les dio la razón, considerando que la misión del Parlamento de Cataluña era representar al conjunto de la población y no solo a algunas fuerzas políticas, aunque éstas sean mayoritarias.
Ante la CEDH, los diputados catalanes invocaron los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantizan la libertad de expresión y de reunión.
Pero, según la CEDH, la decisión de convocar un pleno suponía «no respetar manifiestamente unas decisiones anteriores del Tribunal Constitucional, que perseguían proteger el orden constitucional».
«La Corte recuerda, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, que un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado, a condición de que utilice medios legales y democráticos y proponga un cambio compatible con los principios democráticos fundamentales», según el comunicado.
El 27 de octubre de 2017 el gobierno de Cataluña proclamó la independencia de la región, pero el gobierno español suspendió inmediatamente la autonomía de esa comunidad del noreste del país, destituyó a su Ejecutivo y disolvió su Parlamento.
Un año y medio después de ese intento de secesión -la peor crisis política que haya vivido España en cuarenta años de democracia-, la cuestión catalana sigue siendo muy delicada.
La semana pasada, la cámara baja del Parlamento español suspendió a cuatro diputados independentistas presos que están siendo juzgados por el intento de secesión de Cataluña y que fueron elegidos en las legislativas de abril.
