España puede mirar a Latinoamérica para compromiso con memoria democrática, dicen expertos
Lucía Serrano
Madrid, 22 oct (EFE).- Tres años después de su entrada en vigor en España, la aplicación de algunas de las medidas de la Ley de Memoria Democrática sigue sin despegar, según expertos consultados por EFE, que destacan que países latinoamericanos con experiencias similares y miles de desaparecidos por la violencia política han sido más «valientes».
España todavía enfrenta múltiples retos en la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), así como en las reparaciones a las víctimas.
La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022 y sustituyó a una ley de 2007, establece de forma expresa que la búsqueda de los desaparecidos corresponde al Estado, que debe elaborar un mapa para su localización y crear un banco de ADN de víctimas para la identificación de sus restos.
Sin embargo, la aplicación de la ley sigue sin despegar, según expertos consultados por EFE, que creen que otros países con experiencias similares, como Argentina o Colombia, han sido más «valientes».
Mejores resultados en otros países
«Otros países han sido más valientes, han dado pasos al frente antes y eso ha hecho que hayan podido tener resultados mucho mejores que nosotros», explica María García, coordinadora del grupo de investigación Memoria Social y Derechos Humanos en Europa y América Latina.
Admite que en España «es casi imposible saber cuánta gente murió». El dato de desaparecidos que se suele manejar es de 114.000, procedente de una investigación judicial de 2008.
No obstante, son cifras «muy preliminares», apunta García, que es también profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Mientras que en Argentina o Chile se convocaron comisiones de la verdad para esclarecer el número de víctimas durante las dictaduras militares, en España no ha habido ningún tipo de investigación oficial que arroje luz sobre el número de muertos.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, denuncia que en el Parlamento español nunca se ha investigado al respecto, pero sí se han abierto comisiones de investigación sobre los españoles «desaparecidos en los países de América».
«Se han perseguido dictaduras a miles de kilómetros, pero jamás se ha sentado en el banquillo a algún responsable de las violaciones de derechos humanos durante el régimen franquista», dice Silva.
Ausencia de procesos judiciales y banco de ADN
Silva menciona al Equipo Argentino de Antropología Forense, «la institución mundial de referencia en la búsqueda de desaparecidos», y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de Colombia como muestras de que «otros países tienen un compromiso más fuerte» en la materia.
En este sentido, ambos expertos subrayan la necesidad de crear un banco estatal de ADN para la identificación de las víctimas españolas, una medida contemplada por la ley de 2022 que todavía no se ha puesto en marcha.
García explica que en países como Colombia y Argentina los procesos de búsqueda de desaparecidos están judicializados y tienen un «carácter sistemático».
En España, sin embargo, la Ley de Amnistía de 1977 impide perseguir los delitos cometidos durante la dictadura, por lo que las exhumaciones de las víctimas no se producen en el marco de la investigación de un crimen.
Además de la ausencia de condenas para los perpetradores de los delitos, el presidente de la ARMH lamenta que muchas otras medidas que sí contempla la ley de 2022 no se hayan implementado, como la retirada de monumentos franquistas, por ejemplo el Arco de la Victoria que Franco construyó en Madrid para conmemorar su triunfo en la guerra.
No obstante, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que antes de que acabe noviembre se publicará oficialmente el catálogo de elementos y de símbolos de la dictadura franquista «para que sean retirados de una vez por todas».
Las familias en el centro
García resalta una particularidad de España, que es la centralidad de las familias en el proceso de búsqueda de los desaparecidos.
«Nosotros organizamos la exhumación de la fosa de mi abuelo», señala Silva, cuyo abuelo fue el primer desaparecido republicano identificado genéticamente en España, un proceso que asumió la familia. «Nadie nos ayudó por parte del Estado», añade.
La falta de involucración del Estado ha hecho que las familias y en general la sociedad civil participen de una forma mucho más activa en los procesos de búsqueda de desaparecidos, hasta el punto de que los familiares de las víctimas están presentes en las aperturas de fosas, algo que en América Latina sería «impensable» porque es parte de una investigación criminal, asegura García.
Para concluir pide avanzar en los procesos de búsqueda de desaparecidos: «Es una deuda histórica que tenemos con un montón de personas en este país». EFE
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