Estrasburgo admite queja de asociación de la Guardia Civil española sobre derecho laboral
París, 9 abr (EFE).- El Comité Europeo de Derechos Sociales, con sede en Estrasburgo y encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha admitido a trámite la queja presentada por la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) sobre los derechos laborales de este cuerpo de seguridad del Estado español.
El Comité Europeo de Derechos Sociales también informó este jueves de que ha sido registrada una reclamación de un sindicato contra España sobre atención en residencias durante pandemia Covid-19. Su admisión a trámite o no se realizará en una próxima reunión del Comité, sin concretar una fecha.
La queja de la JUCIL, declarada admisible el 16 de marzo de 2026, alega que a los miembros de esta institución «se les niega el derecho de sindicación», lo que les impide «participar en procesos de consulta o de negociación colectiva con las autoridades públicas».
Asimismo, la asociación denunció que los miembros de la Guardia Civil y de otras Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado español tienen «prohibido ejercer el derecho a la huelga».
Para JUCIL, esta limitación «no es necesaria ni proporcionada» y «supone una discriminación frente a otras fuerzas policiales nacionales y europeas, funcionarios públicos y trabajadores bajo el régimen jurídico ordinario».
El Comité Europeo de Derechos Sociales no informó de la fecha en la que se fallará.
Además, este organismo registró el pasado 6 de marzo una reclamación del Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales contra el Estado español.
Este sindicato denuncia que, durante la crisis de la covid-19, «las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias españolas vulneraron los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas en residencias de mayores».
La organización denunciante sostiene que se produjeron «muertes evitables» debido a protocolos y órdenes internas que priorizaron a los pacientes según su edad y comorbilidades, «impidiendo traslados hospitalarios y el acceso a cuidados intensivos para personas mayores y dependientes».
Asimismo, alegó que las residencias carecían de medidas preventivas.
El Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales apuntó a «un exceso de muertes concentrado especialmente en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha». EFE
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