Fiscalía, CGPJ o anticorrupción: las claves del informe del Estado de Derecho sobre España
Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) publicó este viernes su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), un examen clave que evalúa la salud democrática, la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción y que contiene peticiones a España en distintos aspectos.
En esta ocasión, Bruselas no abrió ningún nuevo frente a España, aunque recuperó reclamos sobre los mandatos del fiscal general del Estado y del Ejecutivo, así como la falta de avances en legislación sobre grupos de presión, conflictos de intereses y declaración de activos de personas en funciones de alta responsabilidad ejecutiva.
Estas son las claves del capítulo sobre España:
1. Fiscal general
Bruselas reconoce que España ha hecho un «progreso significativo» para reforzar el estatuto del Fiscal General del Estado, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en trámite en el Congreso, pero apunta a que España debe «seguir con los esfuerzos en curso» en cuanto a la separación de los mandatos del fiscal y del Gobierno.
2. Lucha anticorrupción
La Comisión sostuvo que el progreso ha sido «limitado» en el refuerzo de la normativa sobre conflictos de interés y sobre declaraciones patrimoniales de personas que ocupan altos cargos ejecutivos, e instó a España a que «impulse un proceso legislativo» en este sentido, así como que «garantice la independencia y las facultades efectivas de detección y sanción del órgano de supervisión competente».
En este sentido, recordó que la percepción entre ciudadanos, expertos y empresas es que el nivel de corrupción en el sector público se mantiene «relativamente alto».
También constató avances en relación con la recomendación sobre la duración de las investigaciones y los procesos judiciales en los casos de corrupción de alto nivel, así como esfuerzos para «subsanar las deficiencias» del marco legislativo y en la aplicación de la ley contra el soborno en el extranjero.
3. Consejo General del Poder Judicial
La Comisión reconoció que se han efectuado «avances adicionales» con respecto a la adaptación del procedimiento de elección de jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero subrayó que aún no existe consenso para ultimar el proceso.
4. ‘Lobbies’
Con respecto a los grupos de presión (‘lobbies’), el Ejecutivo comunitario sostuvo que el Congreso español no ha ratificado aún la Ley de transparencia e integridad de las actividades de este colectivo adoptada en Consejo de ministros en enero de 2025, por lo que pidió a España que continúe el procedimiento legislativo y que éste incluya un registro público obligatorio de «lobistas».
5. Transparencia
Por último, Bruselas reconoció «avances significativos» en la revisión de la Ley de Secretos Oficiales y recomendó a España que «complete» los trabajos para reforzar el acceso a la información con la aprobación de esta norma y la de Administración Abierta.
Además, la CE constató que «siguen existiendo deficiencias» en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones de transparencia relacionadas con la financiación de los partidos políticos, y recordó que persisten «deficiencias» señaladas anteriormente en materia de financiación de campañas.
6. Libertad de prensa
El Ejecutivo comunitario tomó nota en su informe sobre los «riesgos relacionados con la independencia editorial y la injerencia política» en empresas públicas de radio y televisión que les trasladaron «las partes interesadas» -entre las que se encuentra el Consejo de Informativos de RTVE- que participaron en el mismo, y recordó que en enero de este año los consejos editoriales de TVE y RNE publicaron un informe en el que señalaban «el deterioro de los estándares profesionales».
«Criticaban lo que, según informan, es un sesgo político percibido en los programas informativos de los medios de comunicación de servicio público», explicó la Comisión.
En este sentido, Bruselas también recordó que «persisten preocupaciones» en lo que respecta «a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación distintos de los servicios de comunicación audiovisual, las plataformas para compartir vídeos y los ‘influencers'». EFE
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