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Fiscalía de Perú investiga las causas e impacto ambiental de fuga de gas en sur del país

Lima, 3 mar (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga las causas y circunstancias de la fuga y combustión de gas ocurrida este domingo en el yacimiento de Camisea, en la región sureña de Cusco, y también verifica el impacto ambiental del accidente que ha provocado la declaratoria de emergencia del suministro.

A través de un comunicado difundido este martes, el Ministerio Público anunció que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco efectúa «diligencias urgentes» tras la fuga de gas con deflagración ocurrida en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni, en Cusco.

Además, señaló que el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna se dirigió durante la madrugada a la zona del incidente para constatar las circunstancias del hecho, condiciones de la rotura de un ducto y verificar los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes.

«Las diligencias fiscales buscan determinar las causas del incidente, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias, conforme a las atribuciones constitucionales del Ministerio Público en la defensa de la legalidad y del medio ambiente», agregó la Fiscalía.

El Ministerio de Energía y Minas declaró este lunes en emergencia el suministro de gas natural para que se pueda ejecutar «con la mayor celeridad, los trabajos técnicos necesarios», después de que el domingo se produjera esta fuga.

La empresa operadora Transportadora de Gas de Perú (TGP) informó el domingo de este incidente, activó su plan de respuesta y anunció que suspendió temporalmente el transporte de gas en ese tramo para controlar la emergencia.

Ante esto, el Ejecutivo dispuso la activación del mecanismo de racionamiento y que el volumen disponible de gas natural se asigne de manera prioritaria al suministro en hogares, comercios y medios de transporte público.

Este martes, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) indicó que la restricción ordenada por el gobierno en la venta de gas natural (GNV) a los vehículos particulares tras la fuga puede afectar a 1,3 millones de personas en el país andino.

«El impacto es importante, considerando que a nivel nacional son 350.000 vehículos que ya circulan y tienen consumo de gas natural vehicular registrado, la gran mayoría están en Lima», declaró en el Canal N de televisión el gerente de estudios económicos y estadísticas de la AAP, Alberto Morisaki.

El experto señaló que, de ese total, los vehículos particulares que se usan para el transporte y el servicio de taxi son 336.000, lo que puede impactar en un promedio de 3,8 personas por hogar, hasta llegar a los 1,3 millones de afectados. EFE

pbc/jrh

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