Investigado un mayorista por vender hortalizas españolas como francesas
París, 5 jul (EFE).- Un mayorista del sureste de Francia está siendo investigado por haber vendido varios cientos de toneladas de frutas y verduras de origen español que hizo pasar a sus clientes como productos franceses, anunció este lunes la Prefectura (delegación del Gobierno) de Bouches-du-Rhône.
Según los elementos de la investigación, el sospechoso compró calabacines, pimientos, calabazas y espárragos, en 2020 y 2021 y ocultó su origen, detalló la Prefectura de este departamento con capital en Marsella en un comunicado.
Las etiquetas que indicaban como origen “España” fueron retiradas de los paquetes y embalajes para ser sustituidas por otras que indicaban un origen “Francia” para sacar así partido.
Se trata de una estafa que consiste en la compra previa de productos en el extranjero -a menudo a bajo precio- para luego revenderlos con un etiquetado francés, lo que perjudica tanto a consumidores como a agricultores locales, alerta la delegación del Gobierno.
Además, la empresa emitió facturas falsas en las que se especificaba que las verduras procedían de Francia, por lo que sus clientes y consumidores finales no pudieron percatarse de que las hortalizas venían realmente de España.
La investigación todavía está en curso pero las primeras indagaciones indican que los clientes afectados son principalmente grupos de distribución que compraron a este mayorista para abastecer las secciones de frutas y verduras de sus tiendas.
Se está indagando si también pudo haber actuado con la complicidad de un envasador de frutas y verduras encargado de acondicionar ciertas verduras en mallas y etiquetarlas como francesas.
El interés del fraude está en las diferencias de precios y temporalidad de estos productos entre ambos países, avisó la Prefectura.
Por ejemplo, en junio los pimientos españoles se vendían en el mercado mayorista a unos dos euros por kilo, mientras que los pimientos franceses estaban a casi tres.
Esta práctica irregular, conocida en francés como “francisation” (afrancesamiento), constituye un delito castigado con hasta dos años de prisión y una multa de 300.000 euros.
En su informe de 2020, los servicios antifraude franceses (DGCCRF) señalaron que de los 392 establecimientos inspeccionados para luchar contra esa infracción, 23 han sido o serán objeto de procedimientos penales. EFE
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