El Consejo de Derechos Humanos exige una investigación urgente sobre la represión en Irán

Ante la dramática situación en Irán, unas cincuenta ONG habían solicitado la organización de una sesión especial, que requiere la aprobación de un tercio de los Estados miembros del Consejo. Keystone / Salvatore Di Nolfi

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió en Ginebra el viernes para dar respuesta a la sangrienta represión de las manifestaciones que están dejando miles de víctimas mortales en Irán. Sus miembros exigieron que se lleve a cabo una investigación.

Reunido el viernes por la tarde en Ginebra para una sesión especial, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió poner en marcha una «investigación urgente» tras la represión de las manifestaciones que han recorrido Irán las últimas semanas. Sus 47 miembros expresaron su «profunda preocupación por la magnitud sin precedentes» de la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad del país.

Una ola de protestas recorre las calles de Irán desde el 28 de diciembre. Provocada por el aumento del coste de la vida, este movimiento de una magnitud inédita, que se opone al régimen en el poder, ha sido duramente reprimido. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, confirmó alrededor de 3.428 víctimas, aunque teme que el balance real supere los 20.000 manifestantes muertos.

Ante la urgencia de la situación, unas cincuenta ONG habían solicitado la organización de esta sesión especial, que requiere la aprobación de un tercio de los Estados miembros del Consejo.

En detalle, la resolución, aprobada por 25 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones, extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Irán, que deberá ampliar su investigación a los acontecimientos recientes. A su vez, el mandato de la relatora especial, responsable de supervisar la situación de los derechos humanos en Irán, se prolongará un año más.

La misión de investigación fue creada en noviembre de 2022 por el Consejo, inicialmente para indagar sobre la represión de las manifestaciones que estallaron tras la muerte en detención de la joven iraní Mahsa Amini. Desde entonces, ha concluido que las autoridades iraníes han cometido crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y violaciones.

La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones. ONU

Crisis de impunidad

Tras la aprobación de la resolución, Raha Bahreini, investigadora sobre Irán en Amnesty International, valoró positivamente la extensión del mecanismo de investigación. Según ella, la comunidad internacional debe reconocer que la justicia no podrá impartirse a nivel nacional en Irán, donde existe una verdadera crisis de impunidad.

«Pedimos a todos los Estados miembros de la ONU que se sumen a nuestro llamado para remitir a Irán ante la Corte Penal Internacional. Es hora de ir más allá de las condenas y encontrar vías concretas para que se haga justicia a nivel internacional», agregó.

En la apertura de la sesión, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades iraníes «a poner fin a su brutal represión», afirmando que esta «no resuelve ninguno de los problemas del país, sino que, por el contrario, crea condiciones propicias para nuevas violaciones de derechos humanos, inestabilidad y derramamiento de sangre». Al mencionar «miles de víctimas, incluidos niños», destacó las dificultades que enfrenta su oficina para verificar los hechos debido a los cortes de comunicaciones y la falta de acceso al país para sus equipos.

El embajador de Irán en Ginebra, al responder a las acusaciones, aseguró que «está aquí para exponer los hechos y defender a [su] pueblo», y calificó las manifestaciones, que se intensificaron a partir del 8 de enero, de «violencia organizada, que incluye atentados terroristas, destrucción de bienes y acciones armadas contra civiles y fuerzas del orden».

Citando una «investigación nacional», el diplomático afirmó que se habían perdido 3.117 vidas, de las cuales 2.427 fueron «muertes directamente a consecuencia de operaciones terroristas». Además, reiteró que la República Islámica de Irán no reconoce la legitimidad ni la validez de la sesión especial ni de la resolución resultante.

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División Norte-Sur

Aunque la sesión especial contó con el respaldo de más de la mitad de los miembros del Consejo, varios países mostraron su desacuerdo durante los debates.

Varios países de África, América del Sur y Asia denunciaron una «instrumentalización de los derechos humanos», que consideran sirve de pretexto para «injerencias» en los asuntos de Estados soberanos. Según ellos, solo el «diálogo» y la «cooperación», y no la confrontación, fomentan el respeto a los derechos humanos.

También se criticaron los «dobles estándares» aplicados por el Consejo de Derechos Humanos, cuyas investigaciones históricamente se han centrado en países en desarrollo, reflejando una división cada vez más marcada entre los países occidentales y los Estados del llamado Sur Global, especialmente desde la guerra en Gaza.

En este tema, China se mostró entre los países más adversos. Su representante subrayó que Pekín «defiende el derecho de todos los países a elegir de manera independiente su propio camino en materia de desarrollo de los derechos humanos». Añadió que China se opone a «la imposición de mecanismos específicos en materia de derechos humanos a países sin el consentimiento de estos», en referencia a las investigaciones del Consejo.

Por su parte, Suiza «valoró positivamente la celebración de la sesión» e «instó a las autoridades iraníes a poner fin de inmediato a la violencia de las detenciones masivas y al bloqueo de Internet, a abstenerse de imponer la pena de muerte, incluso en relación con las manifestaciones, y a tomar medidas concretas de desescalada».

Estados Unidos, que ya no es miembro del Consejo de Derechos Humanos desde el regreso de Donald Trump —aunque todavía puede intervenir como observador— no estuvo presente en la Sala de las Asambleas del Palacio de las Naciones.

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Recursos adicionales

Por otro lado, la prolongación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, junto con la ampliación del mandato de la relatora especial, exigirá recursos adicionales, según indicó un responsable de la Oficina de Derechos Humanos.

El mecanismo de investigación necesitará un total de 2,97 millones de dólares, de los cuales 2,92 millones ya están presupuestados, mientras que el mandato de la relatora costará 451.700 dólares al año, en lugar de los 440.500 previstos hasta ahora.

Las Naciones Unidas atraviesa una grave crisis presupuestaria y de liquidez, causada por retrasos en los pagos y la reducción de contribuciones de varios países, incluidos Estados Unidos, por lo que no está claro si estos fondos se desbloquearán ni cuándo.

En febrero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear una Comisión de Investigación para documentar las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo. En diciembre, Volker Türk señaló que esta comisión aún no había podido iniciar sus trabajos por falta de recursos. Otras misiones de investigación, incluida la de Myanmar, también han alertado sobre la escasez de financiamiento.

Texto original revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Carla Wolff.