Gobierno de Perú evaluará «lo más rápido posible» su posible salida de la Corte IDH

Lima, 1 ago (EFE).- El Gobierno de Perú evaluará «lo más rápido posible» la posible salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), declaró este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, después de que la presidenta, Dina Boluarte, dijera que no permitiría la intervención de dicha corte en su país.

La pasada semana, la Corte IDH pidió a Boluarte no promulgar la amnistía recientemente aprobada por el Congreso a militares y policías procesados o condenados por delitos durante el conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Desde hace meses, el Ejecutivo peruano realiza reuniones consultivas con diversos actores de la sociedad civil y autoridades sobre la salida de Perú de la CorteIDH, y próximamente se establecerá de manera formal una comisión que evaluará oficialmente esta decisión.

«Vamos a consultar a toda la población, es decir, a la academia, a las organizaciones civiles, a los colegios profesionales. Es decir, una vez terminados estos actos preparatorios, se va a instalar formalmente esta comisión y va a empezar sus trabajos”, indicó Schialer a los medios.

«Yo he dispuesto que esto se haga lo más rápido posible, así que estamos haciendo esto a marcha forzada. Yo creo que esto va a ser muy, muy rápido», agregó el canciller.

Del mismo modo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, aseguró que un equipo técnico formado por especialistas de su cartera y la Cancillería se encuentra analizando la pertinencia de dicha permanencia.

«No estamos hablando de un retiro en este momento. Estamos en un proceso de evaluación», matizó Alcántara.

La posible salida de Perú de la Corte IDH es una antigua demanda de grupos conservadores del país que consideran que las resoluciones del tribunal han tendido a favorecer a procesados por terrorismo, como cuando anuló los juicios llevados a cabo por «jueces sin rostro» (con identidad oculta) a ‘senderistas’ y ‘emerretistas’.

Boluarte anticipa desacato a Corte IDH

Este jueves, la presidenta Dina Boluarte declaró que no permitirá la intervención de la CorteIDH contra la ley de amnistía para policías y militares procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, aprobada recientemente por el Congreso y pendiente de ser promulgada por el Ejecutivo.

«No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa, que lucharon arriesgando su vida contra la insanía del terrorismo», afirmó la mandataria.

Boluarte respondió de esa forma a la disposición emitida la semana pasada por la Corte IDH de suspender el trámite de la ley de amnistía, aprobada el pasado 9 de julio por la Comisión Permanente del Congreso, escasos días antes del final del pasado periodo de sesiones.

La amnistía aprobada por el Parlamento beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.

Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.

Audiencia convocada

Además, la Corte IDH fijó una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, a la que convocó al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la adopción de medidas provisionales en el marco de la suspensión del trámite de la amnistía.

En concreto, el tribunal internacional evaluará la afectación de la amnistía a las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde fueron asesinadas 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, por parte del grupo militar encubierto Colina.

También pueden verse beneficiados por la amnistía los militares acusados de violaciones sexuales a mujeres campesinas del caso Manta y Vilca.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».

El conflicto armado interno de Perú (1980-2000), desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue una de las épocas más violentas de Perú al estimarse que dejó unos 69.000 muertos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). EFE

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