Gobierno de Perú y gremio empresarial rechazan bloqueos de carreteras de mineros ilegales

Lima, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Perú y gremios empresariales rechazaron este miércoles el bloqueo en carreteras de varios puntos del país por parte de mineros informales, que protestan por el anuncio del cierre del registro estatal que les permite seguir con sus actividades, las cuales sido vinculadas con el incremento de la criminalidad.

Desde la semana pasada, grupos de mineros acampan en carreteras y autopistas de departamentos mineros como Arequipa y La Libertad, y expresan que no pararán su protesta hasta que el Gobierno y el Congreso atiendan sus reclamos.

Los mineros rechazan la decisión del Ejecutivo de cerrar el 31 de diciembre próximo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y piden que este censo se mantenga vigente, ya que aseguran que se va a excluir más de 50.000 inscripciones que intentaban formalizar su situación, mientras que otros 31.000 podrán continuar con el proceso.

«Ahora están en la calle los mineros ilegales (…) Los llamo para trabajar unidos para formalizar la minería legal (…) Trabajemos unidos. Caminemos juntos para la formalización de la minería y aquí ganará todo el Perú», dijo la presidenta, Dina Boluarte, en un acto oficial.

Del mismo modo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pidió en una rueda de prensa que los participantes en estos bloqueos «depongan su actitud» y dijo que desde el gobierno no van a permitir «estas acciones de fuerza».

«Ya es hora que el país ponga una línea de división entre lo que es regular, irregular e ilegal y acostumbrarnos a hacer lo correcto», agregó al hacer un llamado al diálogo.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expresó en la red social X que pese a que reconoce y respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica, estos piquetes pueden «afectar gravemente» derechos fundamentales como el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la paz, y configurar delitos sancionables por el Código Penal.

Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (Ftccp) emitieron un comunicado conjunto en el que hicieron «un llamado enfático» a los poderes del Estado para actuar con decisión y encontrar soluciones que permitan frenar y erradicar la minería ilegal.

«La minería ilegal representa hoy una de las amenazas más graves para el país, generando violencia e inseguridad, reflejada en el asesinato de trabajadores y atentados contra empresas», sostuvieron al rechazar el cierre de carreteras.

Del mismo modo, la Sociedad Nacional de Industrias expresó «su enérgico rechazo» a los bloqueos de carreteras y otras vías de comunicación y definieron estos piquetes como un acto contrario a la Constitución y a las leyes.

«Esta práctica vulnera derechos fundamentales al imposibilitar la libre circulación de personas y de bienes esenciales como alimentos y medicinas -poniendo en grave riesgo a quienes requieren atención médica-, además de otros productos de primera necesidad afectando directamente a millones de ciudadanos», agregó. EFE

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