HRW denuncia el secuestro de jueces críticos con el Gobierno burkinés
Nairobi, 23 oct (EFE).- Las autoridades de Burkina Faso deben investigar las posibles desapariciones forzadas de seis jueces y fiscales y un abogado, que se suman a una «ola de represión» del Gobierno burkinés contra el Poder Judicial y los medios de comunicación, exigió la organización Human Rights Watch (HRW).
«La situación de derechos humanos en Burkina Faso se caracteriza cada vez más por secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y reclutamientos ilegales de críticos con la junta y activistas», dijo en un comunicado a última hora del miércoles Ilaria Allegrozzi, investigadora sénior de HRW sobre el Sahel.
«La junta militar debería localizar urgentemente a las siete personas desaparecidas, informar sobre su paradero y liberarlas si no han sido acusadas de ningún delito de manera creíble», añadió.
Según las investigaciones de HRW, entre los pasados días 10 y 15, hombres de paisano secuestraron a los trabajadores judiciales en sus residencias en la capital, Uagadugú.
Cinco de los magistrados y el letrado habían estado implicados en un caso que duró tres años y en el que comerciantes y agentes de aduanas habían sido acusados de contrabando de combustible para grupos armados islamistas.
El pasado julio, el Tribunal de Apelación confirmó la absolución de los acusados, a los que el abogado representaba. Un alto funcionario judicial burkinés expresó a HRW su temor de que el veredicto en este caso pueda ser el motivo de las desapariciones.
La junta que gobierna Burkina Faso desde el golpe de Estado de septiembre de 2022, encabezado por el actual presidente del país, capitán Ibrahim Traoré, ha atacado repetidamente al Poder Judicial.
«Tenemos un grave problema con el sector judicial» afirmó Traoré en un discurso pronunciado en julio de 2024, al tildar a los jueces y fiscales de «corruptos», «delincuentes» y «vendidos».
En agosto de ese mismo año, la junta reclutó ilegalmente para el servicio militar a siete jueces y fiscales, haciendo un «uso indebido» de una ley de emergencia aprobada en 2023, algo que también han sufrido numerosos periodistas en el país, según HRW.
«Unos tribunales independientes y unos medios de comunicación libres son controles esenciales del poder del Gobierno», aseveró Allegrozzi, al exigir al Ejecutivo burkinés poner fin a cualquier «injerencia» en el Poder Judicial y «acoso» contra periodistas.
Burkina Faso encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por Traoré.
Ambos golpes llegaron tras el descontento entre la población y el Ejército por los incesantes ataques yihadistas.
Las autoridades burkinesas reprimen la disidencia, especialmente en asociaciones de la sociedad civil y en medios de comunicación, con el argumento de que forma parte de la lucha contra la violencia yihadista que azota al país desde 2015, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos humanos. EFE
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