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Hungría anuncia una ley de “defensa de la soberanía” contra la injerencia extranjera

Budapest, 22 nov (EFE).- El partido del Gobierno húngaro, el ultranacionalista Fidesz, ha presentado un proyecto de ley que endurece la ya existente prohibición de financiación extranjera en campañas políticas y que la oposición denuncia que se trata de un texto legal “intimidatorio” parecido al existente en Rusia.

La propuesta presentada al Parlamento, donde el Fidesz tiene mayoría absoluta, plantea que “es un importante riesgo de seguridad nacional si el poder político queda en manos de personas u organizaciones que dependen de personas, organizaciones o poder extranjeros”.

La actual legislación ya prohíbe la utilización de dinero proveniente del extranjero en las campañas electorales, pero esta propuesta endurece las sanciones e introduce en el Código Penal el delito de “influir ilícitamente en la voluntad electoral”, que se castigaría con penas de hasta tres años de cárcel.

El texto prevé la creación de una “Oficina de defensa de la soberanía” que investigaría posibles casos de injerencia y la actividad de personas, organizaciones o Estados extranjeros que pongan en peligro la soberanía del país.

Los partidos opositores Coalición Democrática y Momentum han criticado la propuesta legal.

Momentum ha llegado a decir que es “intimidatoria” y abre la puerta a una “una mentirosa campaña de desprestigio”, semejante a las de la Rusia de Vladimir Putin.

“Si a (el primer ministro húngaro) Viktor Orbán le importara de verdad la soberanía de Hungría, dejaría de coquetear sin pudor con Rusia, China y sus líderes dictatoriales, y trataría a la Unión Europea y a la OTAN como verdaderos aliados, porque esto es el interés de Hungría”, aseguró el liberal Momentum.

En 2017 el Gobierno húngaro impulsó la aprobación de una ley que obligaba a las ONG que reciben más de 23.000 euros desde el exterior a proporcionar una lista de donantes y definirse como una “organización financiada desde el extranjero”, una norma que cuatro años después fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que violaba la legislación comunitaria. EFE

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