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Gobierno israelí revela plan de reforma judicial que preocupa a la oposición

Jerusalén, 4 ene (EFE).- El nuevo gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó hoy su polémico plan de reforma judicial, que preocupa a expertos juristas y a la oposición porque socava la independencia de la justicia y limita los poderes del Tribunal Supremo.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, presentó hoy este plan legislativo solo seis días después de jurar su cargo en el nuevo Ejecutivo, el más derechista de la historia de Israel.

La reforma judicial es necesaria porque, según Levin, la «intervención de los tribunales» en las decisiones gubernamentales y medidas legislativas «han llevado la fe del público en el sistema judicial a un mínimo histórico, han socavado la gobernabilidad y dañado la democracia”.

«Este gobierno promulgará reformas que asegurarán el equilibrio adecuado entre los tres poderes del Estado», afirmó Netanyahu en defensa de esta reforma judicial horas antes del anuncio de Levin, pero cuando su contenido ya se había filtrado en los medios.

Las reformas anunciadas incluyen una propuesta de ley que permita que una mayoría simple de 61 legisladores pueda anular una decisión de la Corte Suprema que implique derogar una ley o decisión gubernamental, conocida como la «la clausula de anulación», que varios partidos que conforman el gobierno ya reclamaron desde la campaña electoral y que Levin calificó como una propuesta «equilibrada».

Además, las nuevas regulaciones reemplazarán a los abogados del Comité de Designaciones Judiciales por cargos políticos, lo que abre la veda para la politización de la justicia; y eliminarán el supuesto de «razonabilidad» como fundamento legal para que el Supremo pueda impedir el nombramiento de altos cargos si no cumple con la ley.

Este último punto es particularmente controvertido en este momento, cuando está previsto que el Supremo se reúna mañana, jueves, para pronunciarse sobre el nombramiento como ministro de Interior del ultraortodoxo Aryeh Deri, condenado dos veces por corrupción e inhabilitado el año pasado tras su segunda condena por fraude fiscal.

La Knéset (parlamento israelí) aprobó «in extremis», dos días antes de la jura del nuevo gobierno, una norma que supuso una enmienda a la Ley Básica -lo más parecido a una constitución que tiene Israel- y que permite a Deri ser ministro al establecer la inhabilitación de un alto cargo público solo cuando haya ido a la cárcel.

La sentencia a prisión de Deri -que ha sido ministro en varias carteras desde los noventa en los sucesivos gobiernos de Netanyahu- fue anulada después de que éste alcanzara un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía que lo libró de la cárcel.

La Corte Suprema celebrará mañana una audiencia para evaluar varias peticiones contra la designación de Deri como ministro, lo que ahora ocurrirá bajo la sombra de la reforma judicial anunciada por la coalición, que amenaza con obstaculizar el poder del tribunal para anular nombramientos gubernamentales.

La Fiscal General de Israel, Gali Baharav Miara, presentó hoy su posición al Supremo sobre el caso, en la que rechaza el nombramiento de Deri como ilegal a pesar de la legislación aprobada ad hoc y exigida por él para apoyar a Netanyahu en la coalición.

La oposición ya se ha pronunciado sobre al reforma calificada por algunos de ellos como «golpe de Estado» contra la democracia israelí.

“Cualquiera que esté organizando un golpe sobre la forma de gobernar de Israel debe saber que no estaremos obligados a ello de ninguna manera”, afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid, quien prometió «revertir la reforma cuando vuelva al poder». EFE

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