La junta militar en Níger anula una ley que criminalizaba el tráfico de migrantes
Niamey, 28 nov (EFE).- La junta militar en el poder en Níger desde julio pasado anuló una ley, aprobada en 2015, que criminalizaba el tráfico de migrantes y suspendió todas las condenas pronunciadas contra las personas juzgadas por esta normativa.
El ministro transitorio de Justicia, Alio Daouda, señaló en un mensaje difundido anoche por la radio gubernamental, que la decisión consta en una orden que firmó el presidente transitorio, el general Abdourahamane Tiani, el pasado 25 de noviembre.
Daouda dio instrucciones a los fiscales y presidentes de los tribunales para anular “todas las condenas pronunciadas en aplicación de la ley número 2015-36 aprobada en mayo de 2015” que criminalizaba el tráfico de migrantes en el país africano.
Pero antes de la liberación de estas personas, los fiscales y presidentes de los tribunales del país deben preparar previamente las listas de los reos beneficiarios de esta medida.
“Las condenas pronunciadas conforme a la ley 2015-36 así como sus efectos serán borrados desde el 26 de mayo de 2015. No es admisible ninguna reclamación de cualquier tipo sobre la base de esta orden”, se lee en el documento.
Esta ley, aprobada en 2016 en el marco de la entonces estrategia nacional de lucha la migración irregular, se inició en tras la cumbre de la Valeta (Malta) en noviembre de 2015 en la cual Niamey se comprometió a colaborar estrechamente con la Unión Europea (UE) para frenar el tránsito de los emigrantes en situación irregular por su territorio hacia Europa, a través de Libia y Argelia.
La abrogación de esta ley fue interpretada por la opinión pública nigerina como una respuesta a las decisiones tomadas el pasado 23 de noviembre por el Parlamento Europeo en Estrasburgo en una propuesta de resolución que condena el golpe de Estado y exige la liberación del presidente depuesto, Mohamed Bazoum, y el restablecimiento del orden constitucional.
Además, esta ley fue denunciada por varias ONG nacionales por las duras penas que estipula y criticaron que tras su aplicación, cientos de personas fueron arrestadas y decenas de vehículos confiscados en las regiones de Zinder (sureste) y Agadez (norueste) por donde transitan muchos emigrantes hacia Libia o Argelia.
Según el artículo 20 de la ley abrogada “cualquier transportista comercial, persona física o jurídica, responsable de la operación de una actividad de transporte comercial, que no verifica que cada pasajero esté en posesión de los documentos de identidad y/o de viaje necesarios para ingresar al Estado de destino o a cualquier Estado de tránsito, comete un delito castigado con prisión de 3 a 10 años”.
Aquella ley preveía también una multa de entre 1.000.000 y 3.000.000 francos CFA (entre 1.500 y 4.500 euros) así como la confiscación de los vehículos de transporte.
Un colectivo de ONG locales realizó un trabajo de seguimiento de esta ley y denunció en un informe presentado la semana pasada en Niamey que hay “35 migrantes y demandantes de asilo, entre ellos cuatro mujeres están todavía en prisión en el país. Algunos fueron condenados, y otros siguen en prisión preventiva”
“No tenemos estadísticas precisas sobre los chóferes y los propietarios de los vehículos que están en prisión ni el número de los vehículos confiscados” dijo a EFE Tcherno Hamadou Boulama, uno de los autores del informe. EFE
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