La Justicia de Perú dicta este martes sentencia por protestas contra la mina Las Bambas

Lima, 21 abr (EFE).- La Justicia de Perú dictará el martes una sentencia definitiva en el juicio oral que se ha seguido contra 11 dirigentes comunales que han sido procesados por las protestas realizadas hace diez años contra la modificación del estudio de impacto ambiental de la mina de cobre Las Bambas, informaron a EFE organismos de defensa ambiental.

Los organismos Cooperaccion y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) alertaron este lunes que los dirigentes «podrían ser condenados por defender sus territorios del impacto de la minería en sus comunidades», debido al tránsito diario de unos 370 camiones con minerales a lo largo de 450 kilómetros.

Agregaron que este desplazamiento diario de camiones «ha generado graves problemas de contaminación y alteraciones en la calidad de vida» de 169 comunidades que se encuentran en la ruta de esta mina cupífera, ubicada en la provincia andina de Cotabambas.

Los organismos añadieron que Las Bambas, que es operada por la empresa de capitales chinos MMG y es de las más grandes del país, «ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos y daños ambientales».

«Los defensores fueron falsamente acusados de delitos como disturbios, daños agravados y entorpecimiento de servicios públicos por su participación en las protestas iniciadas en septiembre de 2015 contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas», sostuvieron.

Entre los condenados en primera instancia, cuya sentencia definitiva se conocerá este martes, se encuentran la dirigente Virginia Pinares, quien en 2022 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos y ha recibido una sentencia a 8 años y 10 meses de prisión.

Además, Rodolfo Abarca, Ronal Vello Abarca, Alem Torres y Lisbeth Abarca fueron condenados a 9 años de prisión, en cada caso.

También, Maximiliano Huachaca recibió 8 años con 11 meses de prisión, y Juan Pablo Conislla, Jacinto Limalucas, Walter Moreano, Romualgo Ochoa y Cosme Bolívar, 8 años y 8 meses de cárcel, en cada caso.

Cooperaccion y Fedepaz indicaron que esas protestas «fueron duramente reprimidas por la policía», con un saldo de tres personas fallecidas, tras lo cual el gobierno peruano y la empresa denunciaron a los manifestantes.

Aunque la Fiscalía decidió no acusarlos por asociación ilícita ni usurpación agravada, sino por disturbios, daños agravados y entorpecimiento de servicios públicos, en 2021 comenzó el juicio oral contra 15 dirigentes, 11 de los cuales fueron condenados en un adelanto de sentencia emitido en julio de 2024.

«La sentencia definitiva, que debía ratificar o modificar el adelanto de sentencia, llegó más de 60 días después, el 3 de octubre de 2024, excediendo los plazos legales», por lo cual la defensa presentó una solicitud de anulación del juicio, que fue declarada improcedente, explicaron los organismos.

Una posterior apelación llevó el caso a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del departamento de Apurímac, ante la cual la Procuraduría del Ministerio del Interior solicitó un incremento de la reparación civil y MMG exigió una compensación económica.

Las organizaciones informaron que este miércoles, tras conocerse la lectura de la sentencia, presentarán una rueda de prensa en la que se darán los detalles legales de la misma a cargo de abogados especializados.EFE

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