La Justicia europea tumba un impuesto unilateral de Hungría a las emisiones de CO2
Bruselas, 16 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves contrario al Derecho comunitario un impuesto creado por Hungría en 2023 que grava a las plantas industriales que reciben derechos gratuitos de emisión de dióxido de carbono (CO2) dentro del sistema de comercio de emisiones de la UE.
El llamado sistema ETS reparte créditos gratuitos de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de evitar la pérdida de competitividad de sectores productivos y su posible fuga a terceros países con menor ambición climática.
Budapest creó en 2023, al calor de la crisis energética iniciada un año antes, un gravamen sobre las plantas industriales que recibían un número significativo de estos derechos de manera gratuita.
El impuesto fue cuestionado ante la Justicia húngara por la empresa Nitrogénművek, que se dedica a la producción de fertilizantes, y el caso fue elevado a la Corte de Luxemburgo por el Tribunal General de Veszprém.
En su sentencia de este jueves, el TJUE considera que la legislación comunitaria «se opone al referido impuesto en la medida en que este neutraliza el efecto compensatorio de la asignación gratuita de derechos de emisión y va en contra de los objetivos de mantener la competitividad y de evitar la fuga de carbono».
Aunque deja en manos del tribunal húngaro la comprobación de estos extremos, el fallo recuerda que «las normas relativas a la asignación gratuita de derechos de emisión están completamente armonizadas en la Unión sobre una base sectorial», así como que los países pueden adoptar medidas de carácter fiscal «siempre que no menoscaben los objetivos» de la legislación de la UE.
A esto añade que, «una medida nacional de este tipo no puede disminuir el incentivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el punto de suprimirlo por completo».
En este sentido, los jueces europeos concluyen que «un impuesto sobre los derechos de emisión gratuitos priva a los operadores del incentivo para invertir en medidas de reducción por un importe equivalente al del impuesto adeudado», al tiempo que «elimina una parte sustancial del valor económico de los derechos de emisión y anula los mecanismos de incentivo en los que se basa el régimen para el comercio de esos derechos». EFE
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