La RD Congo demanda a Ruanda ante la CIJ por genocidio y otros delitos en el este del país
(Actualiza con documentación de la demanda entregada en La Haya)
Nairobi/La Haya, 26 jun (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) demandó este viernes a Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio y otras violaciones de derechos humanos en el este congoleño, tanto de forma directa como a través de grupos armados aliados, desde 1996.
Según un comunicado del Ministerio de Comunicación, Kinsasa acusó a Kigali de «violar» la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
La demanda sostiene que esas violaciones se habrían cometido de forma continuada desde 1996 hasta la actualidad, a lo largo de distintas fases del conflicto en el este del país, y recuerda que la RDC ya intentó llevar a Ruanda ante la CIJ en 1999 y 2002, aunque aquellos procedimientos fueron desestimados por cuestiones de competencia.
«Durante más de tres décadas, las poblaciones civiles del este de la RDC han sido sometidas a masacres, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados y discriminación basada, entre otras cosas, en el origen étnico y el sexo», reza el texto.
El escrito afirma, además, que la campaña tuvo como principales objetivos a refugiados hutus ruandeses y a varias comunidades congoleñas, y sostiene que detrás de los argumentos de seguridad esgrimidos por Kigali existían objetivos como la explotación ilegal de recursos naturales congoleños.
La CIJ confirmó haber recibido la demanda y la documentación correspondiente en La Haya y señaló que la RDC no ha solicitado medidas cautelares contra Ruanda.
Las autoridades congoleñas consideran que Ruanda llevó a cabo estas acciones a través de sus Fuerzas Armadas y de grupos rebeldes como la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Mayo (AFC/M23), la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL), la Agrupación Congoleña para la Democracia (RCD) o el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP).
La demanda divide el conflicto en cinco etapas y atribuye a Ruanda actuaciones directas o a través de esos grupos armados desde 1996.
«Estas operaciones se dirigieron, entre otros objetivos, contra campos de refugiados, aldeas y centros urbanos en la parte oriental del país, causando pérdidas masivas de vidas humanas, desplazamientos a gran escala de poblaciones civiles y sufrimientos de una magnitud excepcional, en violación de las normas más fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos», añadió el Gobierno.
Al considerar que el Gobierno ruandés tiene «responsabilidad internacional por estas violaciones», Kinsasa consideró que la CIJ debe ordenar «el cese de los hechos internacionalmente ilícitos, prescribir garantías de no repetición y conceder una reparación íntegra a la RDC y a las víctimas, de conformidad con el derecho internacional».
El escrito también subraya que la acción judicial no pretende cuestionar el genocidio contra los tutsis de 1994, que la RDC dice reconocer y condenar, sino que busca que la CIJ examine presuntos actos genocidas y otras violaciones del derecho internacional que, según Kinsasa, se cometieron después en territorio congoleño.
El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte y, semanas después de Bukavu, en Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.
Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ratificó el pacto de junio (firmado a nivel ministerial), ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.
Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco.
El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (MONUSCO). EFE
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