La Sala Constitucional ordena retirar el fipronil porque daña a las abejas en Costa Rica
San José, 7 abr (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica ha ordenado este martes el retiro del mercado de todos los insecticidas que contengan fipronil, debido al daño que causan en las abejas, a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema ha ordenado al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Servicio Nacional de Salud Animal «sacar de la circulación nacional todos los insecticidas que contengan fipronil» debido a «los daños y muertes generadas en las poblaciones de abejas y los efectos nocivos en la salud, la biodiversidad y el ambiente de Costa Rica».
De esta forma la Sala Constitucional aprueba un recurso de amparo presentado por apicultores y meliponicultores de la localidad de Lepanto, provincia de Puntarenas (oeste) que denunciaron que desde el 2024 han observado afectaciones graves en 300 colmenas de abejas, la pérdida de 24 colonias y una reducción del 70 % en la población de abejas, lo que atribuyen a la intensificación en el uso de insecticidas en plantaciones de mango cercanas.
La Sala Constitucional ha tenido en cuenta informes de laboratorio de las autoridades que detectaron la presencia del fipronil en muestras de abejas afectadas, así como un estudio de científicos de la Universidad Nacional que identificó la presencia de la sustancia en niveles superiores a los considerados letales; y criterios técnicos de la expertos de la Universidad de Costa Rica que documentaron la toxicidad del fipronil para abejas y otros polinizadores.
«El Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la existencia de una afectación a las poblaciones de abejas en la zona de Lepanto y concluyó que se configura una transgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado», detalla el fallo.
El pasado 27 de marzo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería costarricense anunció la firma de un decreto para la eliminación progresiva del fipronil en un plazo de 24 meses «ante los riesgos comprobados a la salud, el ambiente y los polinizadores».
Según el Gobierno, el decreto «define un proceso regulado y gradual que ordena el retiro de este plaguicida en todas las etapas de su ciclo: registro, importación, fabricación, comercialización y uso, garantizando condiciones claras para el sector productivo y una transición predecible».
En su resolución de este martes, la Sala Constitucional indica que el retiro del químico deberá hacerse «de conformidad con los criterios técnicos establecidos en el decreto» y «dejándose claro que la prohibición del insecticida fipronil es absoluta». EFE
dmm/mt/icn
