La seguridad ciudadana, incluida la pena de muerte, marca el debate presidencial en Perú
Lima, 23 mar (EFE).- Las propuestas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad centraron la discusión de la primera jornada de debates entre los candidatos a la Presidencia de Perú, quienes incluso plantearon expulsar a los extranjeros ilegales y retirar al país del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte.
Este tema, que es la principal preocupación para los peruanos en estas elecciones, se impuso en la atención al de lucha contra la corrupción, que también desarrollaron 11 de los 35 candidatos que participaron en la primera jornada del debate con miras a los comicios generales del próximo 12 de abril.
El ultraconservador Rafael López Aliaga, quien lidera las encuestas con poco más de 11 % de intención de voto, llegó diez minutos tarde al debate, que comenzó sin él. Una vez en el escenario, dijo que hay que reducir el tamaño del Estado a solo seis ministerios, de los 18 actuales, y destinar el dinero ahorrado a inteligencia policial para «derrotar al terrorismo urbano».
López Aliaga aseguró que un eventual gobierno suyo va a «expulsar a los extranjeros ilegales» para mandarlos «a su Venezuela querida» y se retirará al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a cuyos miembros calificó de «inhumanos», para aplicar la pena de muerte y el uso de jueces ‘sin rostro’ (encubiertos) para enfrentar a la criminalidad.
Dijo que el dinero ahorrado tras «eliminar el rol del Estado» se destinará a los pobres y se fomentará a las empresas privadas realizar directamente obras por impuestos.
El izquierdista Alfonso López Chau, tercero en los sondeos, planteó recuperar la autoridad del Estado, reformar «radicalmente» a la Policía y «cortar las venas de la corrupción y la delincuencia».
López Chau también afirmó que «no le va a temblar la mano para implementar un sistema integral anticorrupción con autonomía total» y propuso seguir «el ejemplo de los modelos más exitosos como Singapur» para erradicar los sobornos y congelar contratos «sospechosos».
El comediante Carlos Álvarez, del partido derechista País para Todos y cuarto en la intención de voto, anunció también su intención de aplicar la «pena de muerte para los sicarios en flagrancia», para lo cual denunciará el Pacto de San José.
A su turno, el empresario y exgobernador regional César Acuña, del partido derechista Alianza Para el Progreso (APP), planteó aplicar «un plan de choque contra el crimen organizado» y la exministra Marisol Pérez Tello, del partido de centro Primero la Gente, responsabilizó al actual Congreso de haber «legislado en contra de la gente» al emitir «leyes pro-crimen».
A su turno, el militar retirado de las Fuerzas Armadas Wolfgang Grozo, del partido Integridad Democrática, acusó a los gobiernos de haber sido «cómplices» al permitir el avance de la delincuencia y garantizó «orden con seguridad, aplicando una inteligencia estratégica».
Grozo también prometió legalizar la cadena perpetua a los presidentes y altos funcionarios que cometan delitos de corrupción.
Durante la primera jornada del debate, celebrada en el Centro de Convenciones de Lima, también participaron el empresario y congresista José Luna (Podemos Perú), los excongresista Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente Esperanza), el general del Ejército en retiro José Williams (Avanza País), y el exalcalde Álex Gonzales (Demócrata Verde).
Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencia ocho mandatarios en cerca de diez años. EFE
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