La UE pacta una ley para defender a las víctimas de demandas abusivas para silenciarlas

(Actualiza con declaraciones)

Bruselas, 30 nov (EFE).- El Consejo de la UE y la Eurocámara alcanzaron este jueves un acuerdo provisional sobre una nueva ley europea para proteger a las víctimas de demandas infundadas o procesos judiciales abusivos destinados a silenciar su labor, como activistas o periodistas, que contempla su carácter transfronterizo y capacita a los jueces a desestimar un caso en una etapa temprana.

El acuerdo sobre las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAP, en sus siglas en inglés) tiene que ser validado ahora formalmente por el Consejo (los países) y la Eurocámara antes de entrar en vigor.

«Con esta nueva ley, la Unión Europea (UE) defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos», destacó el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Justicia de España, Félix Bolaños, en un comunicado en nombre del Consejo de la UE.

Y puso el acento en que «nuestras democracias están en peligro cuando los ricos y poderosos pueden silenciar a los críticos en los tribunales sólo porque hablan sobre asuntos de interés público».

El uso de estas demandas para silenciar a personas que hablan sobre temas de interés público es un fenómeno creciente, por lo que la futura directiva europea establecerá garantías procesales contra este tipo de reclamaciones en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas, como propuso la Comisión Europea en abril de 2022.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y su vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová, dedicaron esta directiva europea para contrarrestar las demandas abusivas a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 con un coche bomba después de publicar varias informaciones de casos de corrupción que señalaban al Gobierno de Malta.

«Acojo con satisfacción el acuerdo sobre la directiva anti-SLAPP, que protegerá a quienes intenten descubrir verdades incómodas. Como Daphne Caruana Galizia, que pagó el precio máximo por ello. Esto es para ella. Esta es la ley de Dafne», dijo Von der Leyen en su cuenta en X. «Yo lo llamo ‘ley de Daphne'», añadió Jourová en la suya.

Compatriota de Caruana Galicia, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, le dedicó este acuerdo alcanzado durante la madrugada a la fallecida, a su familia, a todos los medios y periodistas a quienes protegerá «de amenazas y acoso».

Así, en virtud del pacto, las personas objeto de casos SLAPP se beneficiarán de una serie de garantías y protecciones procesales, como el poder pedir a un tribunal que desestime una demanda en una etapa temprana.

De manera que si una reclamación se considera manifiestamente infundada, el juez puede decidir desestimarla en la fase más temprana posible del procedimiento y acelerar solicitudes como esta de los acusados.

El tribunal también podrá exigir una garantía financiera a la persona o empresa que presente la reclamación abusiva para cubrir los costes de procedimiento judicial, incluidos los de la víctima, o decidir que la parte que inició el caso puede ser objeto de una pena u otras medidas igualmente efectivas.

Otra novedad de la futura normativa es que estas demandas abusivas tendrán carácter transfronterizo salvo que al menos ambas partes estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el tribunal que se ocupe del caso y todos los demás elementos relevantes estén ubicados en ese Estado miembro.

Además, si una persona que vive en la UE es objeto de un caso de demanda abusiva en un tercer país, los Estados miembros de la UE deben negar el reconocimiento y la ejecución de esta sentencia si se considera manifiestamente infundada en el Estado miembro en cuestión.

La futura ley europea también establece que para apoyar a las víctimas de SLAPP, los Estados miembros deberán proporcionar, en un solo lugar, información sobre las garantías y recursos procesales.

Para comprender mejor el alcance del fenómeno, los Estados miembros también recopilarán datos específicos disponibles sobre los casos SLAPP en los tribunales de sus países.

Estos casos de demandas abusivas suelen ser iniciados por individuos poderosos, grupos de presión, corporaciones y órganos estatales, con el propósito de censurar, intimidar y silenciar a los críticos cargándolos con el coste de una defensa legal hasta que abandonen sus críticas u oposición.

Las personas que suelen sufrir las SLAPP son periodistas y defensores de derechos humanos, aunque también suelen padecerlas individuos involucrados en la participación pública, como investigadores y académicos. EFE

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