Pandemia y hambre: coctel letal

Antes de salir a distribuir víveres, vecinos escriben una nota de agradecimiento a la organización ‘Por una cuarentena sin hambre’. El grupo reúne alimentos para las personas confinadas por el coronavirus y sin recursos. Imagen del 22 de abril de 2020, en las afuera de Lima, Perú. Keystone

Millones de personas en situación de pobreza antes de la pandemia corren el riego de caer en la hambruna, advierte un estudio de la ONU. Problemas estructurales subyacentes como la enorme desigualdad económica hacen de América Latina una de las regiones más vulnerables, precisa ONG suiza.

Sergio Ferrari

“Una verdadera paradoja ya que este flagelo se da en un mundo que cuenta con alimentos suficientes para sus 7 800 millones de habitantes”, subraya Melik Özden, director del Centro Europa -Tercer Mundo (CETIM), con sede en Ginebra.

Más de 820 millones de personas no cuentan con suficiente comida, de acuerdo con la  ONU, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) puntualiza que, antes de la pandemia, 135 millones vivían en situación de “hambre aguda” y otras 183 millones “corren el riesgo de caer en hambre extrema si se enfrentan a algún factor de estrés adicional”.

Desde hace dos décadas, CETIM trabaja sistemáticamente la problemática del hambre y el mundo rural. Esta ONG suiza, fundada en 1970 cuenta con el estatuto de observadora ante la ONU. En 2018, junto con otras organizaciones, logró que el Consejo de Derechos Humanos aprobara una Declaración de Derechos de los Campesinos, luego de una década de preparación y cabildeo. El 17 de diciembre del mismo año la Declaración fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Flagelo sobre flagelo

Actualmente hay más de 1 200 millones de campesinos en el mundo. Junto con sus familias representan un tercio de la población mundial, y amplios de sus sectores fueron afectados por la actual pandemia. El impacto de la COVID-19 se suma así a desajustes estructurales, tales como mala distribución de ingresos, concentración de tierras, polarización económica y social, regiones geográficas enteras condenadas a la marginalidad.  

Además, amenaza con hacer caer en la pobreza extrema a 49 millones de personas más en los próximos meses, explica el también responsable del programa de derechos humanos del CETIM.

“En síntesis, demuestra la inconsistencia del sistema alimentario a nivel mundial, que se basa esencialmente en una producción industrial y artificial que destruye el medio ambiente”, declara a swissinfo.ch.

¿Soluciones posibles?

Melik Özden, positivo, recuerda los puntos esenciales de la Declaración del 2018: que los campesinos y campesinas dispongan de tierras aptas para el trabajo; que puedan utilizar sus propias semillas -y no las impuestas por los monopolios del agrocomercio-; que accedan a la venta de sus productos obteniendo precios justos y participando en la toma de decisiones.

En suma, es esencial “enfatizar el rol de la agricultura de proximidad, que produzca alimentos sanos en primer lugar para la propia comunidad, y que dicha producción se realice con respeto del medio ambiente”.

En su artículo 15.4, la Declaración “reconoce el derecho a la soberanía alimentaria”, enfatiza el director de la ONG y recuerda, por otra parte, que los sistemas actuales de producción de alimentos son responsables del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero y afectan seriamente la biodiversidad.

Vulnerabilidad al hambre

Según el Programa Alimentario Mundial (PAM), este agravamiento de la situación en América Latina y el Caribe, puede significar que 15 millones de personas entren en la categoría de “vulnerables al hambre”.

Si en el 2019, las estadísticas contabilizaban en el continente 3,4 millones de personas en esa situación, la COVID-19 desbarrancaría a 10 millones más, concentrados especialmente en 11 países de la región, incluidos pequeños Estados insulares caribeños.

Las proyecciones incluyen, como principales afectados, a Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y algunas islas. Según el mismo estudio, particularmente golpeado sería Haití cuyo número de personas con inseguridad alimentaria severa podría pasar de 700 mil a 1,6 millones. 

Asolaría también a los pobladores del Corredor Seco de América Central, duplicando casi la cifra de víctimas del hambre extrema -de 1,6 millones a 3 millones. Quedan fuera del estudio del PAM países como Brasil, México y Venezuela. En los pronósticos, imposible también anticipar las eventuales repercusiones de la temporada de huracanes en el Caribe que, normalmente, comienzan en junio de cada año.

Todo esto con el trasfondo de un pronóstico nada alentador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una contracción regional promedio de -5,3% para el 2020. Con base en estos datos, en diversos análisis de indicadores económicos y en los resultados de encuestas remotas completadas en 2020 -para evaluar el impacto de la pandemia en el acceso a los mercados, alimentos, seguridad y medios de vida-, el PAM habla ya de inseguridad alimentaria para 15 millones de seres humanos.

El impacto de la contracción es automático. Según cálculos de expertos de la ONU, cada punto porcentual de disminución del Producto Interno Bruto equivale a 700 mil niñas y niños con problemas de retraso en su crecimiento.

Brasil: pandemia y crisis política

Ante la gravedad de esta situación sanitaria “tenemos dos objetivos esenciales: la creación de empleo y la producción de alimentos sanos”, enfatiza en entrevista telefónica, desde Brasil, Miguel Stedile, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST). Segundo país en casos confirmados y en número de muertes, Brasil padece no solo la pandemia sino también una crisis política profunda.

Indica que el impacto de la COVID-19 se ha traducido en 5 millones de nuevos desempleados en el país y se estima que esa cifra podría aumentar a 20 millones en los próximos meses, golpeando así un 20% de la fuerza de trabajo a nivel nacional.

Tenemos la urgencia de aplicar “políticas creativas” ligadas al doble nivel de emergencia que vive Brasil, la sanitaria y la estructural que existía ya antes de la COVID-19, explica Stedile. Diversos índices proyectaban a fines de mayo una contracción del PIB entre el 6% y el 7 % para el 2020.

En ese marco, el pasado 5 de junio coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, el MST lanzó un Plan de Emergencia para la Reforma Agraria Popular. “Más que nunca, la reforma agraria es hoy una necesidad y una condición esencial para poder hacer frente a la crisis”, explica.

Ante las dudas de la viabilidad financiera de una propuesta de este tipo, el también profesor de Historia y miembro del directorio del Institutos de Estudios Contemporáneos (Rio Grande del Sur) proporciona algunas estadísticas.

Existen 729 empresas que poseen 6 millones de hectáreas y tienen deudas por más de 40 000 millones de dólares con el Estado. “Esas deudas podrían ser pagadas en tierras para permitir asentar, inmediatamente, a miles de familias sin tierra, desempleadas y de las periferias de las ciudades”, creando así, rápidamente, nuevas fuentes de trabajo y asegurando la posibilidad de enfrentar la crisis alimentaria en puerta, puntualiza.

El dirigente del MST explica que esta propuesta se apoya en cuatro pilares: el relanzamiento del trabajo a partir de la distribución de la tierra. La producción de alimentos sanos que permitan confrontar el gran riesgo de la crisis alimentaria que ya se siente en numerosas regiones. La protección activa de la naturaleza, el agua y la biodiversidad. Y, además, asegurar condiciones decentes para toda la gente.

“Así como la cuestión agraria es fundamental, de igual forma, la lucha étnica es esencial, teniendo en cuenta el pasado colonial y esclavista que vivimos en Brasil”, enfatiza y reivindica las protestas antirracistas de las últimas semanas, que también se dan en su país, inspiradas, “por una vez, por los aires progresistas que soplan desde el Norte”.

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