Lesa majestad, el arma legal para desacreditar a los adversarios políticos en Tailandia
Bangkok, 22 ago (EFE).- El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra fue absuelto este viernes de lesa majestad, un delito que protege a la Casa Real de Tailandia de todo insulto y que en los últimos años ha sido utilizado como un arma legal con el objetivo de desacreditar a los adversarios políticos.
En el artículo 112 del Código Civil se estipula que cualquiera que «difame, insulte o amenace al rey, a la reina, al heredero o al regente será castigado con una pena de cárcel de entre tres y quince años».
Una redacción poco precisa que no define claramente lo que constituye un insulto a la monarquía y da margen a los tribunales del país para interpretar la ley de una manera muy amplia.
Thaksin, quien lideró el país desde 2001 y hasta que fue apartado del poder por el golpe de Estado militar de 2006, fue acusado por declarar que los miembros del Consejo Privado de la Casa Real, un órgano asesor del monarca, orquestaron el golpe de Estado de 2014 que derribó el Gobierno de su hermana, Yingluck.
Si bien, este consejo asesor no se encuentra protegido por la ley, un Tribunal Penal de Bangkok aceptó juzgar al exmandatario, que a sus 76 años todavía mantiene una notable influencia en la política tailandesa.
Aunque la popularidad de la Casa Real de Tailandia no se encuentra en su mejor momento, la institución continúa siendo un pilar determinante en el país y es reverenciada por las facciones conservadoras.
Un arma contra la oposición
Aunque el delito de lesa majestad ha sido más utilizado contra activistas y críticos con la Casa Real, la ley también ha sido usada contra grupos políticos que ansían una reforma para ampliar la democracia en este país asiático.
En agosto de 2024, el partido progresista Avanzar (Move Forward) fue disuelto por orden del Tribunal Constitucional por proponer un proyecto legislativo que buscaba reformar esta ley para rebajar los castigos y limitar quien puede interponer las denuncias.
Al menos tres disputados de esta formación, ahora refundada como Partido del Pueblo, han sido juzgados por este delito, dos de los cuales se encuentran todavía en proceso de apelar sus condenas a prisión.
En 2021, Thanathorn Juangroonruangkit, fundador de la plataforma Future Forward -predecesora de Avanzar- también fue acusado de lesa majestad al cuestionar el acuerdo para que el laboratorio Siam Bioscience, propiedad del rey Vajiralongkorn, produjera vacunas de AstraZeneca contra la covid-19.
Las acusaciones también trascienden la política y afectan a la sociedad civil con casos tan atípicos como una condena a un hombre que criticó a un perro del rey, otro por dibujar un pato con aparentes referencias hacia el monarca o solo por pulsar el botón «Me gusta» en Facebook en publicaciones consideradas ofensivas.
En enero de 2024, el activista tailandés Mongkhon Thirakhot fue condenado a 50 años de prisión al ser hallado culpable de múltiples delitos de lesa majestad, la condena más larga dictada hasta la fecha.
¿Cómo funciona?
Las denuncias de lesa majestad pueden ser presentadas por cualquier persona y contra cualquier persona, mientras que la Policía tiene la obligatoriedad de investigar siempre la acusación.
Una vez es elevada a los tribunales, estos, por norma general, suelen negar la libertad bajo fianza a los acusados, algunos de los cuales cumplen largos períodos en prisión preventiva antes del inicio del juicio, que generalmente se celebran a puerta cerrada.
Los medios de comunicación además suelen ejercer la autocensura ya que reproducir explícitamente el motivo de la acusación puede constituir en sí mismo un delito.
Críticas
A pesar de que Naciones Unidas y otros grupos internacionales, como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, han criticado la aplicación del delito de lesa majestad por considerarla una detención arbitraria, la norma -tipificada desde 1908- sigue vigente.
En 2017, el Alto Comisionado de ONU para los Derechos humanos recordó que encarcelar personas «por ejercer el derecho a la libertad de expresión» vulnera las leyes internacionales, y que en 2016 solo el 4 % de los acusados por lesa majestad fueron absueltos.
Según las cifras de la ONG Thai Lawyers for Human Rights, al menos 283 personas han sido acusadas de lesa majestad desde la irrupción de las masivas protestas prodemocráticas de estudiantes en 2020, incluidos 20 menores de edad, conforme a los datos actualizados hasta este miércoles. EFE
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