Ley de amnistía en Perú no tiene antecedentes en Latinoamérica, afirman defensores de DDHH

Lima, 10 jul (EFE).- Pese a los numerosos precedentes que América Latina ha tenido que enfrentar en materia de derechos humanos, la ley de amnistía aprobada por el Congreso de Perú para militares y policías con denuncias, juicios o sentencias por delitos cometidos durante el conflicto interno en el país (1980-2000) no tiene precedentes en la región, denunciaron este jueves expertos.

Un día después de la polémica aprobación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) convocó una rueda de prensa en Lima con familiares de víctimas que fueron asesinadas o permanecen desaparecidas y expertos como el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García-Sayán para expresar su rechazo por la norma.

«Lo que se ha aprobado en el Congreso es algo que no tiene precedentes en una América Latina que ha tenido y tiene problemas en materia de respeto de los derechos humanos. Pero el Perú, en nombre de intereses particulares, está atropellando los estándares y los principios no solamente internacionales, sino también constitucionales», afirmó García-Sayán.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el miércoles último, en segunda votación, la norma que otorga amnistía a exmiembros mayores de 70 años de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) que cuenten con una sentencia firme sobre delitos cometidos durante el conflicto.

La norma, que aún debe ser revisada por el Ejecutivo, también aplica a agentes que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que estén denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, por lo que 600 procesos podrían ser archivados.

El político y abogado confió en que la Justicia peruana no vaya a aplicar esta ley, «que viola los estándares jurídicos más elementales», y refirió que el país andino ya ha superado retos como este en el pasado.

«Reitero mi certeza de que juezas y jueces independientes, que los hay en el Perú, no aplicarán esta ley que viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos», aseguró.

En este sentido, agregó que la comunidad internacional no va a aceptar esta norma pues supone «convalidar atrocidades» ocurridas entre 1980 y el año 2000 y que ya no son aceptables en el siglo XXI.

Sin esperanzas en el Estado

La abogada y miembro de la Cnddhh Gloria Cano dijo que la ley pretende lograr la impunidad para criminales que violaron los derechos humanos, y apuntó que el país andino no puede aplicarla pues contraviene acuerdos internacionales.

«Perú tiene obligaciones internacionales que tiene que cumplir, es suscriptor de diversos tratados internacionales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en base a ello tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los violadores de derechos humanos», afirmó.

Recordó que anteriormente, en un caso de matanzas en el conflicto armado, la Corte IDH ya ha señalado que el Estado peruano no puede invocar leyes de amnistía porque esto contraviene la Convención Americana.

El Ejecutivo peruano tiene que decidir si acepta o devuelve la norma al Congreso, aunque Gisela Ortiz, portavoz de las familias de las víctimas, expresó que durante décadas se han enfrentado a un Estado que no quiere reconocer ni defender a las víctimas.

«No esperamos nada bueno de este gobierno ni del Ministerio de Justicia», declaró Ortiz. EFE

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