Misión de la ONU en Libia pide resolver la crisis del Banco Central mediante el diálogo
Trípoli, 22 ago (EFE).- La enviada especial interina de la ONU para Libia (UNSMIL), Stephanie Khoury, pidió resolver la crisis sobre la presidencia del Banco Central de Libia a través del diálogo e instó a priorizar una distribución justa de los recursos entre la población.
El pasado martes, el presidente del Banco Central de Libia (BCL), Sadiq Kabir, rechazó dejar el cargo después de que el Consejo Presidencial designara un nuevo consejo de administración con Mohamed Shukri como nuevo gobernador.
«Como parte de mis esfuerzos continuos para abordar la crisis que rodea al Banco Central de Libia, el presidente (libio) Mohamed Menfi me recibió para tratar sobre la importancia de resolver los problemas a través del diálogo y acuerdos consensuados», informó Khoury en su red social X tras un encuentro en Trípoli.
Khoury precisó que las dos partes abordaron además la necesidad urgente de una «gobernanza responsable y transparente» del Banco Central.
La diplomática advirtió el martes en una reunión del Consejo de Seguridad de actos «unilaterales» de los divididos actores libios entre las instituciones del oeste y del este del país, que «obstaculizan la celebración de elecciones presidenciales y legislativas», aplazadas de manera indefinida desde finales de 2021.
Asimismo, transmitió la frustración de los libios, que tienen problemas para sacar dinero del banco y mantenerse, y el temor a una guerra: «Los jóvenes no ven un futuro excepto intentar irse», comentó.
Libia está dividida de nuevo desde 2022 en dos administraciones: la parte oeste del país bajo control del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), el último reconocido internacionalmente, y vinculado al Alto Consejo de Estado; y el este y parte del sur de Libia con un Gobierno apoyado por el Parlamento y tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.
En agosto de 2023 el Banco Central anunció su reunificación después de años de división debido al conflicto civil y tras 19 meses de un proceso supervisado por la firma auditora estadounidense Deloitte. EFE
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