Centro Humbolt denuncia que el gobierno nicaraguense rechazó su estatus legal
Managua, 17 mar (EFE).- El ambientalista Centro Humboldt denunció este jueves que el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, se negó a recibir su documentación legal y financiera desde hace dos años, y esa fue una de las causas para cancelarles su personalidad jurídica.”A partir del año 2020 comenzamos a enfrentar dificultades por la negativa de la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, quien en reiteradas ocasiones se negó a aceptar nuestra documentación legal y financiera bajo distintos argumentos no apegados a los establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro”, señaló el Centro Humboldt, en una declaración.La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista y a petición del Ejecutivo de Daniel Ortega, ilegalizó este jueves 25 ONG nicaragüenses, entre ellas esa ambientalista, Operación Sonrisa, una asociación de periodistas, y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos.Según el Centro Humboldt, “en nuestros 32 años de trabajo hemos sido respetuosos del cumplimiento del Marco Jurídico Nacional y particularmente lo referido a las asociaciones civiles sin fines de lucro”.Por lo que, agregó, “en este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por las causas ambientales, la protección, conservación de nuestros recursos naturales y desarrollo territorial”.
SE OPONÍA A MINERÍA Y A GRAN CANAL
Esa Organización No Gubernamental (ONG) que es referencia nacional en temas ambientales, también se solidarizó “con todas las asociaciones y fundaciones que, junto a la nuestra, hoy sufrimos este proceso arbitrario”.El Centro Humboldt se oponía a la minería a cielo abierto y al proyecto de construir un canal interoceánico por Nicaragua por las afectaciones que sufrirían humedales, parques naturales y sitios protegidos.Según el Ministerio de Gobernación, las 25 ONG ilegalizadas hoy, incluido Humboldt, no reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.Con la anulación de esas 25 organizaciones, suman 112 las ONG locales que han sido canceladas desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por el régimen de Ortega.
“DEMOLICIÓN DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN”
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas, y cerrado temporalmente el club de ciudadanos españoles residentes en Nicaragua, Casa España.En un estudio denominado “La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua”, elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, también ilegalizadas, indicaron que hasta el 21 de febrero pasado al menos 115 ONG nicaragüenses habían sido canceladas o “allanadas de facto” desde que Ortega retornó al poder en 2007, de ellas 87 en los últimos tres años, a las que hay que sumar las 25 de hoy.Entre las organizaciones que han sido afectadas, se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades y centros de pensamiento, entre otras.Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFElfp/av/ics
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