ONG ilegalizadas intentaron derrocar a Ortega en Nicaragua, afirma diputado

Managua, 18 may (EFE).- El diputado sandinista Filiberto Rodríguez acusó este miércoles a las ONG que han sido ilegalizadas de haber utilizado recursos de las donaciones para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante las protestas que estallaron en abril de 2018.

La denuncia fue hecha por el legislador oficialista durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional (Parlamento) cuando se discutía, con carácter urgente, una iniciativa para cancelar la personalidad jurídica a otras 25 ONG, incluidas dos que apoyan a mujeres víctimas de la violencia y una de rescate a jóvenes de las pandillas.

Según Rodríguez, que no presentó pruebas, «muchas» de esas ONG «se prestaron al juego del imperio (Estados Unidos), como lo hicieron con el intento de derrocar a nuestro Gobierno, con el intento de golpe de Estado y utilizaron recursos para ese fin».

En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

ONG «PEDÍAN DINERO POR TODOS LADOS»

«Hoy pretendemos cancelar 25 personalidades jurídicas sin fines de lucro que no han rendido cuentas al Ministerio de Gobernación y hoy reafirmamos el compromiso de seguir luchando, batallando y de seguir haciendo que las leyes se cumplan en Nicaragua», continuó Rodríguez.

Asimismo, el legislador sostuvo que de 1990 a 2007, durante los tres «gobiernos neoliberales, se proliferaron las personalidades jurídicas» a las ONG debido a «la incapacidad de los gobiernos de asumir la responsabilidad constitucional que le corresponde para hacer de Nicaragua otra Nicaragua».

«No pudieron y dejaron en manos irresponsablemente de asociaciones el país», indicó.

«Estas asociaciones pedían dinero por donde quiera y venía plata (dinero) de todos lados y no les importaba de dónde venía la plata, algunos con objetivos claros y a la hora de rendir cuenta, no pueden rendir cuenta, no saben rendir cuenta, no quieren rendir», afirmó.

Tras su intervención, se sometió a votación la iniciativa y la mayoría sandinista del Parlamento acordó cancelar las personalidades jurídicas a 25 ONG, con lo que suman 217 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno de Ortega.

MÁS DE 200 ONG HAN SIDO ANULADAS

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 217 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara la revuelta popular.

Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados.

El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.

Los representantes de algunas de las ONG canceladas, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para después acusarlas de incumplimiento y que se trata de una pasada de cuenta por su posición crítica.

Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento, entre otras.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. EFE

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