Nigeria indemnizará a las víctimas de la guerra de Biafra 50 años después

Niños que han huido de la guerra civil en Biafra, en 1968 en Calabar, Nigeria afp_tickers

Casi cincuenta años después de que terminara la guerra de Biafra (1967-1970), una región separatista del sureste de Nigeria, el gobierno aceptó compensar a las víctimas de este conflicto, muy sensible para el país, según unos documentos judiciales revelados este martes.

Bajo la jurisdicción de la Corte de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste (CEDEAO), el Gobierno nigeriano dedicará 50.000 millones de nairas (139 millones de dólares) a indemnizar a las víctimas de esta guerra, que dejó cerca de un millón de muertos.

Unos 500 supervivientes de la guerra serán indemnizados, tras haber tenido que enfrentar el «peligro inherente causado por los explosivos que fueron abandonados allí» después de la guerra, según el proceso verbal.

La medida se aplica a los once estados que componen la antigua Biafra (sur y sureste) y a algunos estados anexionados por el movimiento separatista durante la guerra.

Abuya también se comprometió a invertir 38.000 millones de nairas (105,4 millones de dólares) para limpiar la región de sus minas antipersona y de sus bombas, y para construir escuelas, tribunales, iglesias y mezquitas.

Según los documentos a los que tuvo acceso la AFP, 17.000 bombas que seguían activas fueron destruidas en los últimos años, pero 1.317 siguen almacenadas en la región.

La guerra de Biafra continúa siendo un episodio muy delicado y tabú en la sociedad nigeriana, principalmente desde que llegó al poder el presidente Muhammadu Buhari (oriundo del norte musulmán), en 2015.

Los movimientos separatistas del pueblo Igbo, mayoritarios en el sureste, han resurgido. El más importante de ellos es el Movimiento Independentista para los Pueblos Indígenas de Biafra (IPOB), dirigido por Nnamdi Kanu.

Procesado por «traición», Kanu no se presentó a su juicio a mediados de octubre. El Gobierno asegura que ha huido para escapar a la Justicia, pero sus allegados y sus abogados aseguran que está en manos del ejército.