ONG Cristosal continuará abogando por la protección de abogada encarcelada en El Salvador

Ciudad de Guatemala, 17 jul (EFE).- La organización humanitaria Cristosal, que este jueves anunció en Ciudad de Guatemala la suspensión de sus operaciones ante una «escalada represiva», aseguró que continuará abogando por la protección de la integridad física de la abogada Ruth López, parte del equipo de la ONG que se encuentra encarcelada en El Salvador.

«Continuamos con la protección de la integridad física y la libertad de Ruth López, ese es un compromiso firme de la organización», dijo en una conferencia de prensa el director ejecutivo de la organización, Noah Bullock.

López, una de las voces más críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, se encuentra detenida desde el 18 de mayo pasado bajo una acusación de enriquecimiento ilícito y su caso ha sido puesto bajo secreto.

Bullock indicó que «la represión no alcanza a romper el compromiso de seguir luchando y acompañando al movimiento de derechos humanos en El Salvador».

La organización internacional Amnistía Internacional (AI) declaró recientemente a los abogados Ruth López y Alejandro Henríquez, y al líder comunitario José Ángel Pérez, todos detenidos en El Salvador, como «personas presas de conciencia» en «un contexto de creciente represión».

La organización alertó, en un comunicado difundido en su sitio web, que «con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil».

«En este contexto, Amnistía Internacional nombra como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez», y «exigimos su liberación inmediata e incondicional», publicó AI.

Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han advertido de manera reiterada sobre «la situación volátil y el aumento de los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las voces críticas, dadas las prácticas autoritarias del presidente Bukele y la instrumentalización del régimen de excepción para criminalizarlas».

“El Salvador atraviesa un punto de quiebra. La sumisión del poder judicial y la aprobación de reformas regresivas han permitido al gobierno de Bukele construir una arquitectura institucional y normativa diseñada para legalizar el control, la represión y la criminalización de la pobreza y la disidencia», afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de AI.EFE

sa/mt/ad

(foto)