Oposición nicaragüense exige a Ortega reformas para evitar sanciones y crisis en Nicaragua
San José, 23 oct (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) exigió este jueves al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, impulsar reformas para evitar que Estados Unidos, su principal socio comercial, imponga al país una subida del 100 % de aranceles o lo expulse del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, en inglés).
«Exigimos a los Ortega Murillo que impulsen medidas concretas e inmediatas para evitar que más familias paguen el costo de la crisis», demandó ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en una declaración.
En concreto, ese grupo político pidió a Ortega y Murillo «restituyan los derechos, permitan el funcionamiento de organizaciones civiles y medios independientes, garanticen la independencia judicial, liberen a todas las personas que están presas por razones políticas, y acepten monitoreo público e internacional de las garantías laborales y civiles».
«Esas acciones no sólo reducirían el riesgo de nuevas sanciones, sino que abrirían una ventana para una transición pacífica, basada en reformas reales y en la construcción de condiciones para la celebración de procesos electorales libres y verificables», consideró esa organización política.
El Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del DR-Cafta tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que «las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense».
Entre las medidas propuestas por la USTR contra el Gobierno sandinista se incluyen «aranceles adicionales de hasta el 100 % sobre algunos o todos los productos nicaragüenses» de forma «inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses», y «la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios» DR-CAFTA, según un informe publicado el lunes pasado.
Abogan por una salida pacífica y democrática
En su pronunciamiento, la CDN dijo que «ve con profunda preocupación las medidas anunciadas» por la USTR en respuesta al progresivo desmantelamiento institucional y a la represión sistemática impuesta por el régimen» de Ortega y Murillo.
«Las sanciones comerciales propuestas no son un castigo al pueblo de Nicaragua, sino una consecuencia directa de las decisiones autoritarias de un régimen que ha secuestrado el Estado de derecho, criminalizado la disidencia y convertido la economía nacional en rehén de su permanencia en el poder», señaló el grupo político.
A juicio de esa organización, las medidas propuestas por la USTR «reflejan el costo real de la represión: empleos perdidos, divisas reducidas y aislamiento internacional».
«Este pronunciamiento también evidencia que el autoritarismo no es compatible con el libre comercio ni con las reglas básicas de una economía moderna», continuó la CDN.
De igual forma, observó que el informe de la USTR «documenta abusos que van desde confiscaciones ilegales hasta la persecución religiosa y el cierre de instituciones educativas, confirmando que la dictadura Ortega Murillo ha destruido los cimientos de la convivencia democrática y del desarrollo productivo».
Ese grupo político reafirmó «su compromiso con la búsqueda de una salida pacífica y democrática a la crisis nacional», y llamó «a todos los sectores del país a denunciar que el deterioro actual es producto de años de corrupción, arbitrariedad y desprecio por la ley y los derechos humanos».
La USTR aceptará comentarios públicos hasta el 19 de noviembre próximo, tras lo que decidirá si aplicar o no esas medidas.
En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del DR-Cafta, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EE.UU.EFE
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