Países Bajos veta la compra estadounidense del sistema nacional de identidad digital
La Haya, 26 may (EFE).- El Gobierno neerlandés vetó este martes la compra de la tecnológica neerlandesa Solvinity, operadora de la infraestructura del sistema nacional de identidad digital, por la multinacional estadounidense Kyndryl, al considerar que la operación supone un riesgo para el «interés público» y la seguridad digital de Países Bajos.
La decisión de «prohibir completamente la adquisición» fue anunciada después de que la Oficina de Evaluación de Inversiones (BTI) concluyera que la compra podría generar riesgos para la infraestructura digital del país.
Solvinity es la empresa encargada de almacenar los datos utilizados por DigiD, el sistema de identificación digital que permite a ciudadanos y residentes de Países Bajos acceder a servicios públicos y compartir información con organismos como la Agencia Tributaria, aseguradoras sanitarias y fondos de pensiones.
Aunque DigiD es propiedad y responsabilidad de Logius, una agencia pública dependiente del Ministerio del Interior, Solvinity gestiona la plataforma técnica sobre la que funciona el sistema, incluidos los servidores y la infraestructura de seguridad, ubicados en centros de datos del Gobierno neerlandés.
En una carta enviada al Parlamento, la secretaria de Estado de Economía, Willemijn Aerdts, explicó que la BTI recibió en noviembre la notificación formal de la operación y abrió una investigación, como exige la ley sobre control de influencia indeseada en las telecomunicaciones, que regula las inversiones extranjeras en infraestructuras digitales sensibles.
«El BTI me recomendó proceder a una prohibición total de esta adquisición. He asumido y adoptado dicha recomendación. Dado que recientemente recibí indicios serios de que la finalización de la transacción era inminente, no vi otra posibilidad, en protección del interés público, que tomar ahora esta decisión», señaló la secretaria de Estado.
Los críticos de la operación, incluido el propio Parlamento, alertaron de dos riesgos: el primero es que la legislación estadounidense podría obligar a una empresa matriz a facilitar datos, incluso si estos están almacenados en Europa; y el segundo es que, aunque considerado extremo, una autoridad extranjera pudiera forzar la interrupción de un servicio esencial como DigiD.
Sin embargo, el Gobierno insistió en que la evaluación realizada por el BTI fue «neutral respecto a los países, basada en riesgos y proporcionada», y tenía como único objetivo evitar amenazas al interés público.
«La presencia de empresas tecnológicas extranjeras, incluidas explícitamente las estadounidenses, es muy valiosa para la economía neerlandesa y su infraestructura digital», subrayó la secretaria de Estado.
Kyndryl, multinacional estadounidense especializada en servicios tecnológicos, expresó su «extrema decepción» por la decisión y denunció una «politización» del proceso, aunque no aclaró si recurrirá la prohibición ante los tribunales. EFE
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