Parlamento retomará un proyecto de ley que «controla» actuación de ONG, según el chavismo

Caracas, 13 dic (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el oficialismo, retomará un proyecto de ley que «controla» la actuación y el financiamiento de las ONG, una vez apruebe una normativa para «la defensa» del territorio en disputa con Guyana, dijo este miércoles Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior del Legislativo y número dos del chavismo.

El diputado señaló que la Asamblea Nacional (AN) someterá a consulta pública el proyecto sobre las ONG para su posterior «aprobación», luego de que apruebe la llamada ‘Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba’, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

«Tengo noticias para las ONG. Apenas aprobemos la ley de nuestra Guayana Esequiba, (…) vamos a la consulta pública nacional para la aprobación de la ley que controla todo el financiamiento y funcionamiento de las ONG en Venezuela», dijo el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) en su programa ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Esta ley sobre el Esequibo, con la que la nación pretende anexionarse este territorio y establecer una especie de «gobierno» en remoto, estaba previsto que fuera autorizada este miércoles, tras una semana de consulta pública promovida por instituciones del Estado, pero su aprobación fue aplazada.

El pasado enero, el Parlamento aprobó crear una ley que regule a las ONG, que, según el chavismo, tienen fines políticos y de desestabilización.

Cabello aseguró entonces, al presentar esta propuesta ante el Legislativo, que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».

El proyecto inicial contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

También prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.

Esta propuesta ha sido rechazada por decenas de ONG, por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora- y por Amnistía Internacional (AI), entre otros.

Para varias organizaciones, con la aprobación definitiva de este instrumento «se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional». EFE

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