Pelea política y denuncias de manipulación en la crisis de las pruebas de cáncer en España
Madrid, 23 oct (EFE).- Desde que a principios de octubre se hizo público un fallo en el sistema de detección precoz de cáncer de mama que ha afectado al menos a 2.000 mujeres de Andalucía (sur de España), la crisis ha ido escalando hasta convertirse en una pelea política entre el Gobierno socialista y el conservador Partido Popular (PP).
También ha habido un choque entre el Gobierno de Andalucía, en manos del PP, y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), la entidad que lleva advirtiendo tres años de casos de mujeres a las no se informó de que las mamografías que se les habían realizado arrojaban resultados o «dudosos» o «no concluyentes», y que descubrían tiempo después que habían desarrollado cáncer.
La Fiscalía de Andalucía emitió este jueves un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad regional que le informe sobre estos hechos.
El Ministerio Público también ha solicitado al Gobierno regional que le informe sobre las medidas adoptadas «para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares».
‘Manipulación’ de las pruebas
Además de esa apertura de diligencias, la crisis ha provocado dimisiones, manifestaciones ciudadanas y el anuncio de mayor personal y presupuesto para el plan integral de cribados de Andalucía.
Esta semana Amama ha denunciado a las autoridades que ha habido, supuestamente, borrados o alteraciones de historiales médicos en la plataforma del servicio andaluz de salud.
Según denunció el martes la asociación, algunas mamografías o ecografías desaparecieron de aplicaciones digitales en las que los ciudadanos andaluces pueden ver sus historiales médicos, y también se detectaron cambios de nomenclaturas sobre los diagnósticos en algunas de esas pruebas, o el borrado del nombre del radiólogo que realizó el examen.
El Gobierno de Andalucía dijo que se produjo una incidencia técnica por el importante incremento de usuarios en las plataformas y negó que se hubieran destruido o manipulado historiales médicos.
«Desde el cariño, la mayor cercanía y solidaridad, le digo a Amama que, por favor, deje de lanzar infundios y de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales», pidió el nuevo consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, quien sustituye a Rocío Hernández tras su dimisión por la crisis.
Regiones gobernadas por el PP rechazan dar información
La crisis también ha producido un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno central (encabezado por el Partido Socialista) y el PP, principal partido de la oposición, en un país en el que las competencias en materia de sanidad están descentralizadas y recaen en las comunidades autónomas.
Hay diecisiete comunidades autónomas -y dos ciudades autónomas- en España y catorce están gobernadas por el PP.
Esas comunidades que gobierna el PP (entre ellas Andalucía o la Comunidad de Madrid, donde se encuentra la capital del país y la gran mayoría de instituciones) han decidido que no van a remitir al Ministerio de Sanidad la información que éste había solicitado sobre sus programas de detección de cáncer de mama, pero también de colon y cérvix.
Los gobiernos del PP argumentan que su rechazo es debido a que estos programas son competencia exclusiva de las comunidades y que la petición del ministerio «parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política».
Confrontación que, asimismo, ha llegado al Congreso español.
Allí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó el miércoles al presidente andaluz, Juanma Moreno, de haber causado «la mayor crisis de confianza» del sistema nacional de salud y reprochó a los conservadores sus «mentiras», «manipulación», «mala gestión» y los «recortes» que han perpetrado en sanidad. EFE
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