Pensionistas españoles denuncian en el PE «discriminación» en las jubilaciones anticipadas
Bruselas, 24 sep (EFE).- Jubilados españoles denuncian este miércoles ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que el sistema español de pensiones «discrimina» a los trabajadores que se jubilaron anticipadamente pero cotizaron más de cuarenta años frente a otros que han contribuido durante menos tiempo, en particular los funcionarios públicos.
La petición será presentada por el bufete de abogados Navas y Cusí en nombre de la asociación ASJUBI, que representa a unas 900.000 personas que, sobre todo debido a la crisis financiera de 2008, tuvieron que jubilarse antes de los 65 años pero habían cotizado ya durante más de cuatro décadas.
Según explicó el socio director del bufete, Juan Ignacio Navas, consideran «discriminatorio por razones de edad» que a estas personas se les aplique un coeficiente reductor a la hora de calcular su pensión mientras que para quienes se jubilaron a los 65 años, un periodo de cotización de 38 años es suficiente para recibir la pensión completa sin aplicar ninguna reducción.
«Eso precisamente va en contra de los derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos» de la Unión Europea (UE), indicó Navas antes de intervenir en la comisión.
Los peticionarios consideran, en concreto, que esa diferencia de trato vulnera los principios fundamentales del Derecho de la UE que exigen que las medidas de seguridad social se ajusten a criterios de equidad y proporcionalidad, y creen que la reforma del sistema de pensiones adoptada en 2021 no ha corregido la situación discriminatoria.
Alegan que el trato desigual entre los beneficiarios del régimen general de la seguridad y los miembros de las clases pasivas (los funcionarios públicos) constituye una discriminación directa que se manifiesta de varias formas.
En concreto, en la posibilidad que tienen los segundos de jubilarse anticipadamente con un periodo de cotización más corto, la edad mínima de acceso más baja (60 años frente a 63 de la jubilación voluntaria y 61 del régimen general), la ausencia de coeficientes reductores a partir de los 35 años de servicio y la aplicación de reducciones considerablemente menores con solo 30 años cotizados.
La asociación considera que en España «no ha habido una respuesta suficiente» a sus demandas por lo que ha decidido iniciar acciones en el ámbito europeo, según explicó Navas.
A su juicio, la Comisión Europea podría actuar en este caso si tiene en cuenta cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en la materia, en concreto, un informe húngaro en el que la corte estableció que la competencia en materia de legislación de pensiones que tienen los Estados «no opera cuando se infringe el derecho primario», en este caso, la Directiva que busca proteger contra la discriminación por cualquier tipo de razón. EFE
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