Piden «cesar» uso del sistema penal contra defensores y críticos del Gobierno de Bukele

San Salvador, 7 jul (EFE).-Una veintena de organizaciones internacionales instaron este lunes al Gobierno de El Salvador a liberar a los abogados Ruth López y Enrique Anaya y a poner fin al uso instrumental del sistema penal contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas, abogados y «otras voces críticas del gobierno».

La organizaciones, ellas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), también solicitaron «restablecer las condiciones que permitan la libertad de expresión, asociación y reunión, y armonizar las leyes nacionales con las obligaciones internacionales de El Salvador, incluida la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros».

«Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por el creciente uso del derecho penal sin las debidas garantías procesales, el hostigamiento, la estigmatización y la persecución por parte de las autoridades salvadoreñas contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, activistas ambientales, profesores universitarios, abogados, periodistas y otras voces críticas del gobierno», indicaron.

Para las organizaciones, «el Estado salvadoreño ha intensificado sus ataques contra la sociedad civil y la prensa independiente a través de estrategias coordinadas en los ámbitos jurídico, institucional y mediático para silenciar su labor».

«Es sumamente alarmante que estén siendo perseguidos bajo un estado de excepción prolongado que suspende derechos y libertades fundamentales, una medida cuyo objetivo es controlar a las bandas del crimen organizado», señalaron.

Expusieron que «destacados periodistas, activistas y abogados, como la defensora Ruth López y el profesor y abogado constitucionalista Enrique Anaya, han sido detenidos arbitrariamente en represalia por su labor de documentación y denuncia de la corrupción, las violaciones de derechos humanos y los ataques al Estado de derecho en El Salvador».

«La persecución de defensores como Ruth López y Enrique Anaya refleja una estrategia más amplia para desmantelar la supervisión cívica y el estado de derecho, y para criminalizar la crítica y la defensa de los derechos humanos», apuntaron.

WOLA, Cejil, DPLF y las demás organizaciones, de países como México, Ecuador, Guatemala, Perú y Honduras, instan al gobierno de El Salvador a «cesar de inmediato la instrumentalización del sistema de justicia penal contra las personas defensoras de derechos humanos o quienes expresan críticas al gobierno».

Además, «a tomar medidas urgentes, a través de canales diplomáticos, asistencia y cooperación condicional, entre otros medios, para proteger el espacio cívico, el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en El Salvador».

López, una de las voces más críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, fue detenida el pasado 18 de mayo y enfrenta un proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito.

Entre tanto, Anaya fue detenido el 7 de junio y es señalado de supuesto lavado de dinero. EFE

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